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LA OTRA MEMORIA

LEGITIMIDAD DEL ALZAMIENTO NACIONAL

Mucho se ha escrito, muchas razones se han dado sobre la legalidad y legitimidad del Alzamiento Nacional de julio de 1936; desde ­el comienzo mismo de la guerra sobrevenida hasta hoy.

La ilegitimidad de los “poderes actuantes” pareció entonces indiscutible desde el lado vencedor en 1939, el lado nacional. Por  el contrario, la ilegitimidad e ilegalidad  del Alzamiento pareció asimismo evidente entonces para aquellos “poderes”, los republicanos; pronto transformados en rojos; pues con tales denominaciones “nacionales” y “rojos” todos estuvimos de acuerdo.

Sin embargo,  hoy no parece tan evidente para los que combatieron -y siguen combatiendo- el Alzamiento, que éste fuese un golpe de Estado desencadenante de la guerra; es decir, que los que lo dieron incurrieran en ilegalidad.

Testimonios inexcusables, incluso desde el punto de vista de los vencidos, se dieron ya entonces (Salvador de Madariaga, Sánchez Albornoz, el propio Azaña), aunque años después fuesen silenciados  por los sucesores ideológicos de los vencidos, que contaron con la pasividad de los vencedores. Pero, como sucede siempre, la justicia histórica vuelve por sus fueros: y así hoy da la razón a los que la tuvieron, a los que se alzaron en el 36 y vencieron en el 39.

Los “poderes actuantes”, o, lo que es igual, aquellos gobiernos del Frente Popular, estaban ya ilegitimados. A partir de la revolución de octubre de 1934, había comenzado la guerra en la cual los gobiernos eran beligerantes. Como dice Pío Moa ( El derrumbe de la II República y la guerra civil: Ed. Encuentros, Madrid, 2001, pag. 11): “Hubo un evidente peligro revolucionario, que utilizaban  como palanca de movilización ante una amenaza fascista inexistente, y a sabiendas de su inexistencia, pues esa amenaza no tomó cuerpo hasta las fechas inmediatas al Alzamiento. Así, el impulso hacia el encuentro bélico provino de las decisiones de los  partidos gobernantes  y sus dirigentes.” Por eso, el Alzamiento fue tan legítimo como lo es la legítima defensa, sea ésta  individual o personal, colectiva o social.

Transcurridos tres años de guerra, se reprodujo en  la “Zona Roja” la misma situación, que se resolvió de la misma manera: un golpe de fuerza, en marzo de 1939, del coronel Casado y su Consejo de Defensa, que fue justificado por sus autores con la razón de que “el Gobierno de Negrín carece de base legal”. De ahí que en el manifiesto del Consejo Nacional de Defensa (5 de marzo de 1939) se dijo que: “Recogía (el Consejo) sus poderes del arroyo, adonde les arrojó el aquel Gobierno”.

Así, al final de la guerra, la claridad se abrió paso, siendo reveladoras las palabras de Besterio – Presidente del  Consejo de Defensa- en un memorándum privado, que, años más tarde, en un artículo de I. Arellano, reprodujo el diario ABC de Madrid  en su número del 1 de abril – Aniversario de la Victoria-  de 1963. Estas son las palabras de Besteiro, palabras definitivas que explican “ toda la guerra, desde sus propios comienzos, desde el propio Alzamiento” ( J.M. Martínez  Bande, los cien últimos días  de la República, Caralt, Barcelona, 1973, Pág. 165): “La verdad real: estamos derrotados  por nuestras propias culpas: estamos derrotados nacionalmente por habernos dejado arrastrar a la línea bolchevique, que es la aberración política más grande que han conocido quizás los siglos... La reacción contra ese error de la República de dejarse arrastrar a la línea bolchevique la representan genuinamente, sean los que fueran sus defectos, los nacionalistas (es decir, el bando llamado “Nacional”, capitaneado por Franco), que se  han batido en su  gran cruzada anti-Komitern.”

Así pues, desde “el otro lado“ , con irreprochables testimonios, se dijo, ya entonces –y se reconoce ahora por los historiadores honrados de uno y otro lado- que las fuerzas del Alzamiento tuvieron razón, y aquella fecha inicial del 18 de julio de 1936 quedó legalizada ante la  Historia.

Javier NAGORE YARNOZ

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