LAS CHECAS NO TENÍAN PIEDAD

Por César Vidal

Los interrogatorios se encaminaban desde el principio a arrancar al reo alguna confesión sobre sus creencias religiosas o simpatías políticas, circunstancias ambas que servían para incriminarlo con facilidad.

Tal fue el caso de Dolores Falquina y García de Pruneda, de 25 años, a la que se detuvo el 2 de octubre de 1936. Al día siguiente, de madrugada, se procedió a juzgarla preguntándole “si era de Acción Católica” e instándola a que revelara dónde se hallaban ocultos unos jóvenes falangistas. Dolores Falquina reconoció que efectivamente era secretaria de la parroquia de San José, pero afirmó que desconocía a los jóvenes de Falange. La acusada pensó que al no existir ninguna relación con los muchachos se la pondría en libertad. Sin embargo, aquel mismo día fue sacada de la celda para ser asesinada.

En el curso de este interrogatorio, el acusado no disfrutaba de ninguna defensa profesional e incluso era común que se le intentara engañar afirmando que se poseía una ficha en la que aparecía su filiación política. Como mal añadido, se daba la circunstancia de que los reos eran juzgados de manera apresurada y masiva, lo que facilitaba, sin duda alguna, la tarea de los ejecutores, pero eliminaba cualquier sombra de garantía procesal. Así, por citar un ejemplo significativo, durante el mes de octubre de 1936, un abogado llamado Federico Arnaldo Alcover acudió al Comité para visitar a Arturo García de la Rosa, uno de los dirigentes de la checa. Alcover iba acompañado de un familiar de García de la Rosa y se le permitió asistir a uno de los procedimientos de interrogatorio. Pudo así comprobar que en el espacio de media hora se procedió a interrogar a una docena de personas recurriendo a cuestiones que dejaban de manifiesto los prejuicios de los chequistas. Concluidos los interrogatorios, sin que se tomara acta de lo sucedido ni se procediera a la firma de la misma, se decidía la suerte de los acusados que, en su inmensa mayoría, eran condenados a muerte y asesinados de madrugada.

Los tribunales de la checa seis en total con dos de ellos funcionando de manera simultánea mantenían una actividad continua que se sucedía a lo largo de la jornada, en tres turnos de ocho horas, que iban de las 6 de la mañana a las 14 horas, de las 14 a las 22 y de las 22 a las 6 del día siguiente (...) La actividad, no ya de los tribunales pero sí de las brigadillas, era especialmente acusada durante la noche y la madrugada que eran los períodos del día considerados como especialmente adecuados para proceder a los asesinatos de los reos. Las sentencias dictadas por los diferentes tribunales carecían de apelación, eran firmes y además de ejecución inmediata. A fin de ocultar las pruebas documentales de los asesinatos, éstos se señalaban en una hoja sobre la que se trazaba la letra L, igual que en el caso de las puestas en libertad, pero para permitir saber la diferencia a los ejecutores, la L que indicaba la muerte iba acompañada de un punto.

Una vez establecido el destino del reo, éste era entregado a una brigadilla de cuatro hombres bajo las órdenes de un “responsable”. Todos los partidos y sindicatos del Frente Popular contaban con representación en las diferentes brigadillas. Sin embargo, ocasionalmente las tareas de exterminio encomendadas a estas unidades eran demasiado numerosas y entonces se recurría para llevarlas a cabo a los milicianos que prestaban servicios de guardia en el edificio de la checa.

Entre los jefes de brigadilla de la checa de Fomento algunos destacarían por su actividad asesina. Tal fue, por ejemplo, el caso de Antonio Ariño Ramis, alias El Catalán . Delincuente común, antiguo recluso en la Guayana francesa, fue responsable directo de multitud de asesinatos en la capital y en poblaciones de la provincia como Vallecas o Fuentidueña del Tajo. Sus acciones en la checa de Fomento serían consideradas por las autoridades republicanas como un mérito, ya que cuando se procedió a disolverla pasó a formar parte de Consejillo de Buenavista, encargado también de tareas represoras.

(...) Desde luego, resulta difícil descartar que al menos en algunas ocasiones la razón fundamental de las detenciones –detenciones que concluían en fusilamientos- fuera meramente el robo. Por ejemplo, el 26 de septiembre de 1936, se procedió al asesinato de Rafael Chico y su hijo Luis Chico Montes, de un cuñado del primero, llamado Hipólito de la Fuente Grisaleña y de Jaime Maestre Pérez, redactor jefe de El Siglo Futuro. El rendimiento económico se produjo al forzar y robar la caja fuerte número 1055 que la familia tenía arrendada en el banco Hispano Americano.

En otras ocasiones, tras los fusilamientos sólo puede suponerse la existencia de antipatías personales. Tal fue el caso de Antonio García García, acomodador sexagenario del cine San Carlos, al que se detuvo y asesinó sin razón clara o el de José Fernández González, un jefe de la tahona sita en la calle Mira el Sol, número 11 al que denunció un antiguo subordinado suyo convertido en chequista.

No faltaron igualmente los casos de asesinatos de grupos enteros de detenidos en claro preludio de lo que iban a ser las matanzas en masa de finales del año 1936. Así, el 28 y el 31 de octubre de 1936 se llevaron a cabo dos sacas, en el curso de cada una de las cuales se procedió a asesinar a 70 personas por acusaciones como las de querer ser seminarista.

Resulta obvio que la checa de Fomento sirvió en multitud de ocasiones para exterminar a aquellos que habían sido puestos en libertad por otras instancias judiciales. Así, por citar un ejemplo, el 21 de septiembre de 1936, Francisco Ariza Colmenarejo –que era consciente de esta terrible circunstancia- suplicó al director general de Seguridad que no se procediera a liberarlo mientras las autoridades republicanas no garantizaran su seguridad. Dos días después se expidió una orden de libertad en la que se hacía constar que gozaba del aval del Comité Provincial de Investigación Pública. Entregado así a la checa de Fomento, Ariza Colmenarejo fue asesinado.

En el caso de personas que hubieran incomodado al socialista Largo Caballero y que fueran asesinadas pueden mencionarse al menos dos casos. El primero es el de Angel Aldecoa Jiménez, de 58 años, magistrado, que fue detenido porque había juzgado un atentado relacionado con Largo Caballero, al parecer, no de la manera que hubiera complacido al dirigente socialista. Aldecoa pagó su independencia judicial frente al PSOE con el fusilamiento. El segundo es el de Marcelino Valentín Gamazo. Fiscal general de la República, Gamazo acusó a Largo Caballero por los sucesos de octubre de 1934 en estricto cumplimiento de sus deberes dentro de la legalidad republicana. EL 5 de agosto de 1936, un grupo de milicianos llegó a la casa de campo de Rubielos Altos donde residía Gamazo con su familia y tras realizar un registro y proceder a destrozar los objetos religiosos, comenzaron a golpearle delante de sus hijos pequeños a pesar de sus súplicas para que ahorraran a los niños de aquel espectáculo. (...) A las doce y media de la noche, en el paraje conocido como Cerrajón, del término de Tevar, Cuenca, Marcelino Valentín Gamazo y sus hijos José Antonio, Javier y Luis de 21, 20 y 17 años respectivamente fueron fusilados.

Las matanzas que ordenó Santiago Carrillo

(...) Ese mismo día llegaron a San Antón nuevas órdenes de Serrano Poncela ordenando la puesta en libertad de más reclusos. Según el método habitual, al día siguiente, a esos detenidos se les incluyó en dos sacas cuyos miembros terminaron también siendo asesinados en Paracuellos. El día 29 de noviembre tuvo lugar una nueva saca en el curso de la cual fue asesinado, entre otros muchos, Arturo Soria Hernández, hijo del urbanista creador de la Ciudad Lineal. El 30, se efectuaría la última saca de San Antón. Cuando concluyeran, finalmente, las matanzas de aquellos días, millares de madrileños habrían sido asesinados por las fuerzas de la Junta de Defensa cuya Consejería de Orden Público se hallaba dirigida por el comunista Santiago Carrillo (...)

La responsabilidad directa y esencial de Carrillo en millares de crímenes ha sido confirmada de manera irrefutable tras la apertura de los archivos de la antigua URSS. Al respecto, existe un documento de enorme interés emanado del puño y letra de Gueorgui Dimitrov, factótum a la sazón de la Komintern o Internacional Comunista. El texto, de 30 de julio de 1937, está dirigido a Voroshílov y en él le informa de la manera en que prosigue el proyecto de conquista del poder por el PCE en el seno del Gobierno del Frente Popular. El documento reviste una enorme importancia, pero nos vamos a detener en la cuestión de las matanzas realizadas en Madrid que Dimitrov menciona en relación con el peneuvista Irujo:

“Pasemos ahora a Irujo. Es un nacionalista vasco, católico... Quería detener a Carrillo, secretario general de al Juventud Socialista Unificada, porque cuando los fascistas se estaban acercando a Madrid, Carrillo, que era entonces gobernador, dio la orden de fusilar a los funcionarios fascistas detenidos”.

La violación y asesinato de las hermanas del vicecónsul uruguayo

El mayor reto para las legaciones extranjeras era el de poder responder a las peticiones de asilo que formulaban centenares de personas. Buen número de los solicitantes eran ciertamente gente católica y conservadora, pero tampoco faltaban los apolíticos perseguidos por su carrera o su posición social ni los republicanos e incluso los izquierdistas moderados que comprendían que su vida peligraba en medio del marasmo cruento de la revolución (...).

Las autoridades del Frente Popular no se limitaron a presionar a las legaciones diplomáticas para que les entregaran a los refugiados, sino que en no pocas ocasiones recurrieron al uso de la violencia para conseguir sus propósitos. Así, por ejemplo, el 7 de noviembre de 1936, un grupo de milicianos anarquistas entre los que se encontraba el conocido atracador Felipe Emilio Sandoval, detuvo un automóvil en el que iba el médico de la cárcel Modelo Gabriel Rebollo Dicente en compañía de un funcionario de la legación noruega llamado Werner. A pesar de que el vehículo llevaba bandera diplomática, los milicianos sacaron de su interior al doctor Rebollo procediendo a asesinarlo. Las violaciones del Derecho Internacional no se limitaron, sin embargo, a vehículos. Así, los locales de la embajada de Brasil, situados en el paseo de la Castellana, números 55 y 57, fueron asaltados el 7 de mayo de 1938 por efectivos de la policía y de los guardias de asalto, que no sólo efectuaron un registro de las dependencias, sino que además se llevaron objetos de valor. En el caso de Alemania e Italia se produjeron sendas irrupciones de milicianos en los recintos diplomáticos una vez que ambos países reconocieron al Gobierno de Franco. Afortunadamente para los refugiados, en su mayoría ya habían sido puestos a salvo. Lo mismo podría señalarse de las embajadas de Finlandia y de Perú, que fueron allanadas siguiendo instrucciones de las autoridades republicanas.

En alguna ocasión, la violencia del Frente Popular contra los diplomáticos que intentaban paliar los efectos del terror revistió características especialmente repugnantes. Tal fue el caso de la descargada sobre la legación de Uruguay en Madrid que tenían entre los 18 y los 23 años. Los milicianos procedieron tras el rapto de las muchachas a violarlas y asesinarlas. El sábado aparecieron los tres cuerpos arrojados a una cuneta al este de Madrid. El triple asesinato acompañado de violación era una obvia advertencia del Frente Popular, que prohibió enviar despachos a los corresponsales extranjeros narrando lo sucedido. La respuesta, plenamente justificada, de Uruguay consistió en romper relaciones diplomáticas con la España del Frente Popular.

El mundo de la cultura se dividió entre soplones y acusados

Lejos de denunciar lo que estaba sucediendo, no fueron pocos los intelectuales que legitimaron las muertes e incluso unieron sus voces a las de aquellos que indicaban a nuevas víctimas a la vez que exigían su eliminación (...).

El 25, Miguel de Unamuno, que se había manifestado repetidamente contra el Frente Popular y ahora apoyaba a los alzados, fue cesado de su cargo de rector vitalicio de la universidad de Salamanca y tres días después, la universidad de Madrid era objeto de un cambio de cargos y nombramientos que llevarían, por ejemplo, a Julián Besteiro a convertirse en decano de la facultad de Filosofía y Letras y a Juan Negrín a ocupar la secretaría de la facultad de Medicina.

Al igual que había sucedido en Rusia durante la revolución, los intelectuales partidarios del Frente Popular se habían arrogado el derecho de expulsar de la vida pública –e incluso de la física- a aquellos que no comulgaran con su especial cosmovisión. Así, el 23 de agosto, la Alianza de Intelectuales Antifascistas celebró una asamblea cuya finalidad era depurar la Academia Española de la Lengua, cuyos miembros eran mayoritariamente de derechas. El comité de depuración, auténtica checa de la cultura, estuvo formado por Maroto, Luengo, Abril y, por supuesto, el poeta Rafael Alberti. La depuración fue durísima pero pareció escasa a las organizaciones del Frente Popular, que la consideraron un tanto tibia. Nuevamente, los intelectuales decidieron plegarse a los intereses partidistas, unos intereses que desde hacía semanas se escribían en sangre, y el 30 de julio publicaron un manifiesto de adhesión a la República.

La declaración, ciertamente escueta, estaba suscrita por una docena de intelectuales de primera fila y decía así: “Los firmantes declaramos que, ante la contienda que se está ventilando en España, estamos al lado del Gobierno de la República y del pueblo, que con heroísmo ejemplar lucha por sus libertades”. Ramón Menéndez Pidal, Antonio Machado, Gregorio Marañón, Teófilo Hernando, Ramón Pérez de Ayala, Juan Ramón Jiménez, Gustavo Pittaluga, Juan de la Encina, Gonzalo Lafora, Pío del Río Ortega, Antonio Marichalar y José Ortega y Gasset”.

No deja de ser todo un símbolo que ese mismo día fuera detenido Ramiro de Maeztu, otro de los grandes intelectuales de la época, en un piso de la calle Velázquez, número nueve. Se trataba del domicilio de su amigo José Luis Vázquez Dodero, que había aceptado esconderlo desde la noche del 17 de julio. Fue trasladado inmediatamente a la comisaría de Buenavista, donde un inspector lo puso en libertad al no encontrar ninguna causa legal que motivara su detención. Sin embargo, Ramiro de Maeztu, dado que ya eran las 11 de la noche y que lo esperaba un coche de milicianos a la puerta, solicitó que lo detuvieran. (...) Finalmente sería asesinado en una de las matanzas masivas realizadas en la época en que Carrillo era consejero de Orden Público.

Las motivaciones para aquella conducta de apoyo a una revolución extraordinariamente cruenta se hallaron en ocasiones en la convicción ideológica y otras, como el caso de Bergamín, en el miedo. Un caso similar fue el del poeta Juan Ramón Jiménez. Claro que no estaba sólo el miedo. Además estaba la defensa de los asesinatos por parte de aquellos que, sinceramente, estaban convencidos de que era lo mejor que podía hacerse en aquellos momentos. En honor a la verdad, hay que decir que no fueron muchos aparte de Rafael Alberti y su mujer.

(...) La poda que pretendían los partidarios del Frente Popular era de tal magnitud que, de haberse podido llevar a cabo, hubiera significado la creación de un páramo cultural sin precedentes en la Historia de España. Entre los condenados por la inquisición frentepopulista se hallaban los escritores Enrique Jardiel Poncela, Carlos Arniches, Ramón Gómez de la Serna, Eduardo Marquina, Tomás Borrás, José Juan Cadenas, A. Fernández Arias, Joaquín Calvo Sotelo, Ignacio Luca de Tena, M. Morcillo, Pilar Millán Astray, José María Pemán, Jacinto Miquelarena, Adolfo Torrado, Ramón López Montenegro, Jesús J. Gabaldón, Pedro Mata, Alejandro McKimlay, Antonio Quintero y Felipe Sasone, junto a compositores como Moreno Torroba, Jacinto Guerrero o Rosillo, cuya música debía de contener, presuntamente, corcheas antirrevolucionarias. No fueron, desde luego, los únicos músicos que tenían que temer. (...) Alberti, convertido, gracias a su condición de militante comunista, en dispensador de patentes de limpieza de sangre política, anunció que se negaba a participar como recitador en un acto organizado por la Asociación Profesional de Periodistas dado que en él iba a intervenir también el músico Joaquín Turina, porque no lo consideraba afecto al régimen.