EN LA II REPÚBLICA NO HUBO LIBERTAD DE PRENSA.
La mentira más mendaz resuena en la boca o en la pluma de individuos que pretenden, sin más, contar la historia a su gusto. De ahí que se escriba, en libros y publicaciones periódicas de carácter nacional, que el Alzamiento del 18 de julio, valga el ejemplo, fue un atentado contra la legalidad de la República. Pero, ¿esta era legal el día en que millares y millares de españoles, encuadrados en un Ejército reducido, decidieron acabar con el caos imperante? La II República había ido perdiendo legitimidad desde mayo de 1931, al permitir el Gobierno la quema de conventos, iglesias y centros de enseñanza de religiosos. ¿Hay alguien que pueda negar la dejación de poder de los hombres que decían encarnar al Estado?
Los gobernantes republicanos pasaron desde la dejación de poder hasta una política agresiva en extremo. La Constitución advertía que, salvo decisión judicial debidamente justificada, nadie podía impedir la libertad de expresión en medios de comunicación. Pero de inmediato, el hombre más nefasto, resentido y frívolo del gobierno, logra la aprobación de la llamada Ley de Defensa de la República. Y, con ella en la mano, el Ministro de la Gobernación conculca abiertamente la Constitución. Bajo el pretexto de que este o aquel periódico afectaban a la seguridad de la República, el ministro aludido o el mismo presidente del Gobierno, Manuel Azaña, ahora tan admirado de repente por ciertos políticos clausuraron periódicos de la manera más arbitraria. El primero que fue cerrado, ABC, a partir de mayo de 1931, sufrió esta pena durante tres meses, produciéndose grandes perjuicios económicos a la empresa. «El Debate» estuvo menos tiempo cerrado, pero también experimentó sensibles pérdidas. Pretexto para tales medidas: su responsabilidad en los sucesos de mayo. La prensa de las izquierdas, fiel al gobierno, llegó a asegurar que los incendios de iglesias habían sido obra de las derechas. La mentira constituía el arma preferida de Azaña y las logias españolas que secundaban las consignas de las británicas y francesas.
La suspensión de publicaciones de carácter derechista o, simplemente, críticas con la política del gobierno, alcanzó al País Vasco y a Navarra. Azaña y sus colaboradores actuaban con una gran carencia de sentido liberal y democrático.
Con motivo de la asonada de agosto de 1932, a cargo de Sanjurjo, Azaña cierra, de un plumazo, más de cien periódicos. Les acusa de haber alentado la sublevación. Otra mentira. Ninguno de los periódicos suspendidos, entre ellos ABC, habían publicado nada que hiciese sospechar que incitaban a la rebeldía. Azaña, en tono jactancioso, mientras se dispone a reprimir masivamente la libertad de expresión, le dice al Director General de Seguridad: «Tráigame muchas gorras de plato agujereadas». Y encarcela, sin intervención judicial alguna, a un elevado número de monárquicos que ni habían conspirado ni sabían nada de lo que iba a suceder. Y, vengativo y rencoroso, expropia tierras y no precisamente solares baldios, sino fincas puestas en alta producción por sus propietarios. Se trata de perseguir a toda persona que no sea republicana lo cual entraña un gravísimo pecado, según el psicópata Azaña.
El destacado historiador Ricardo de la Cierva escribe, en el volumen El mito Azaña, de su serie de episodios históricos de España, que «la Ley confirma la expropiación sin indemnización de todas las fincas pertenecientes a la "extinguida Grandeza de Expaña", porque la República se había empeñado en que la alta nobleza estaba implicada, en bloque, en el pronunciamiento del 10 de agosto, lo cual era completamente falso y nunca se pudo demostrar».
Este era el Azaña, en compañía del pequeño miserable Casares Quiroga, que hablaba en el Congreso de libertad y democracia como supuestos símbolos de la II República. Enorme mentira. Como lo fue, también, en amañada y vergonzosa sesión parlamentaria, la destitución de Alcalá-Zamora. Se amordazaba a la opinión expresada en los diarios y revistas que consideraba enemigos suyos. Aquel cobarde -lo decían Miguel Maura, Indalecio Prieto o el mismo Salvador Madariaga- se encontraba en estado de delirante soberbia. El singular periodista y escritor Manuel Bueno, asesinado en la zona roja, advertía en ABC el 20 de octubre 1934: «El señor Azaña empezó a sentir ese mareo especial que se apoderaba del hombre al contacto del primer éxito, sea en amor, en política o en arte. Los espíritus fuertes se sobreponen facilmente a los efectos de ese fenómeno y recobran, con la lucidez crítica, la visión exacta de las cosas. Los soberbios se dejan vencer por él, se desolidarizan de todo lo que les rodea y se situan de un salto en la región de la infabilidad, que es el ambiente familiar de los dioses».
Que Azaña se siente infalible, no hay duda. Y, por ello, cierra periódicos, ordena ocupar tierras sin indemnización, envía a la cárcel sin garan-tías legales a quien le place y, como existe una justicia inmanente, desde las elecciones de febrero de 1936, se convierte en un muñeco del extremismo más radical y asesino. El gran censor de España, medroso y resentido, sólo tiene fuerza para redactar sus diarios. Es incapaz de detener el incendio de la Patria y el torrente de sangre que se vierte a raudales. La guerra la había traído él, no Franco, como ha escrito un sedicente historiador y plagiario hace escasos días.
José Antonio Cepeda
Los gobernantes republicanos pasaron desde la dejación de poder hasta una política agresiva en extremo. La Constitución advertía que, salvo decisión judicial debidamente justificada, nadie podía impedir la libertad de expresión en medios de comunicación. Pero de inmediato, el hombre más nefasto, resentido y frívolo del gobierno, logra la aprobación de la llamada Ley de Defensa de la República. Y, con ella en la mano, el Ministro de la Gobernación conculca abiertamente la Constitución. Bajo el pretexto de que este o aquel periódico afectaban a la seguridad de la República, el ministro aludido o el mismo presidente del Gobierno, Manuel Azaña, ahora tan admirado de repente por ciertos políticos clausuraron periódicos de la manera más arbitraria. El primero que fue cerrado, ABC, a partir de mayo de 1931, sufrió esta pena durante tres meses, produciéndose grandes perjuicios económicos a la empresa. «El Debate» estuvo menos tiempo cerrado, pero también experimentó sensibles pérdidas. Pretexto para tales medidas: su responsabilidad en los sucesos de mayo. La prensa de las izquierdas, fiel al gobierno, llegó a asegurar que los incendios de iglesias habían sido obra de las derechas. La mentira constituía el arma preferida de Azaña y las logias españolas que secundaban las consignas de las británicas y francesas.
La suspensión de publicaciones de carácter derechista o, simplemente, críticas con la política del gobierno, alcanzó al País Vasco y a Navarra. Azaña y sus colaboradores actuaban con una gran carencia de sentido liberal y democrático.
Con motivo de la asonada de agosto de 1932, a cargo de Sanjurjo, Azaña cierra, de un plumazo, más de cien periódicos. Les acusa de haber alentado la sublevación. Otra mentira. Ninguno de los periódicos suspendidos, entre ellos ABC, habían publicado nada que hiciese sospechar que incitaban a la rebeldía. Azaña, en tono jactancioso, mientras se dispone a reprimir masivamente la libertad de expresión, le dice al Director General de Seguridad: «Tráigame muchas gorras de plato agujereadas». Y encarcela, sin intervención judicial alguna, a un elevado número de monárquicos que ni habían conspirado ni sabían nada de lo que iba a suceder. Y, vengativo y rencoroso, expropia tierras y no precisamente solares baldios, sino fincas puestas en alta producción por sus propietarios. Se trata de perseguir a toda persona que no sea republicana lo cual entraña un gravísimo pecado, según el psicópata Azaña.
El destacado historiador Ricardo de la Cierva escribe, en el volumen El mito Azaña, de su serie de episodios históricos de España, que «la Ley confirma la expropiación sin indemnización de todas las fincas pertenecientes a la "extinguida Grandeza de Expaña", porque la República se había empeñado en que la alta nobleza estaba implicada, en bloque, en el pronunciamiento del 10 de agosto, lo cual era completamente falso y nunca se pudo demostrar».
Este era el Azaña, en compañía del pequeño miserable Casares Quiroga, que hablaba en el Congreso de libertad y democracia como supuestos símbolos de la II República. Enorme mentira. Como lo fue, también, en amañada y vergonzosa sesión parlamentaria, la destitución de Alcalá-Zamora. Se amordazaba a la opinión expresada en los diarios y revistas que consideraba enemigos suyos. Aquel cobarde -lo decían Miguel Maura, Indalecio Prieto o el mismo Salvador Madariaga- se encontraba en estado de delirante soberbia. El singular periodista y escritor Manuel Bueno, asesinado en la zona roja, advertía en ABC el 20 de octubre 1934: «El señor Azaña empezó a sentir ese mareo especial que se apoderaba del hombre al contacto del primer éxito, sea en amor, en política o en arte. Los espíritus fuertes se sobreponen facilmente a los efectos de ese fenómeno y recobran, con la lucidez crítica, la visión exacta de las cosas. Los soberbios se dejan vencer por él, se desolidarizan de todo lo que les rodea y se situan de un salto en la región de la infabilidad, que es el ambiente familiar de los dioses».
Que Azaña se siente infalible, no hay duda. Y, por ello, cierra periódicos, ordena ocupar tierras sin indemnización, envía a la cárcel sin garan-tías legales a quien le place y, como existe una justicia inmanente, desde las elecciones de febrero de 1936, se convierte en un muñeco del extremismo más radical y asesino. El gran censor de España, medroso y resentido, sólo tiene fuerza para redactar sus diarios. Es incapaz de detener el incendio de la Patria y el torrente de sangre que se vierte a raudales. La guerra la había traído él, no Franco, como ha escrito un sedicente historiador y plagiario hace escasos días.
José Antonio Cepeda
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