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LA OTRA MEMORIA

LAS CHECAS NO TENÍAN PIEDAD

LAS CHECAS NO TENÍAN PIEDAD

Por César Vidal

Los interrogatorios se encaminaban desde el principio a arrancar al reo alguna confesión sobre sus creencias religiosas o simpatías políticas, circunstancias ambas que servían para incriminarlo con facilidad.

Tal fue el caso de Dolores Falquina y García de Pruneda, de 25 años, a la que se detuvo el 2 de octubre de 1936. Al día siguiente, de madrugada, se procedió a juzgarla preguntándole “si era de Acción Católica” e instándola a que revelara dónde se hallaban ocultos unos jóvenes falangistas. Dolores Falquina reconoció que efectivamente era secretaria de la parroquia de San José, pero afirmó que desconocía a los jóvenes de Falange. La acusada pensó que al no existir ninguna relación con los muchachos se la pondría en libertad. Sin embargo, aquel mismo día fue sacada de la celda para ser asesinada.

En el curso de este interrogatorio, el acusado no disfrutaba de ninguna defensa profesional e incluso era común que se le intentara engañar afirmando que se poseía una ficha en la que aparecía su filiación política. Como mal añadido, se daba la circunstancia de que los reos eran juzgados de manera apresurada y masiva, lo que facilitaba, sin duda alguna, la tarea de los ejecutores, pero eliminaba cualquier sombra de garantía procesal. Así, por citar un ejemplo significativo, durante el mes de octubre de 1936, un abogado llamado Federico Arnaldo Alcover acudió al Comité para visitar a Arturo García de la Rosa, uno de los dirigentes de la checa. Alcover iba acompañado de un familiar de García de la Rosa y se le permitió asistir a uno de los procedimientos de interrogatorio. Pudo así comprobar que en el espacio de media hora se procedió a interrogar a una docena de personas recurriendo a cuestiones que dejaban de manifiesto los prejuicios de los chequistas. Concluidos los interrogatorios, sin que se tomara acta de lo sucedido ni se procediera a la firma de la misma, se decidía la suerte de los acusados que, en su inmensa mayoría, eran condenados a muerte y asesinados de madrugada.

Los tribunales de la checa seis en total con dos de ellos funcionando de manera simultánea mantenían una actividad continua que se sucedía a lo largo de la jornada, en tres turnos de ocho horas, que iban de las 6 de la mañana a las 14 horas, de las 14 a las 22 y de las 22 a las 6 del día siguiente (...) La actividad, no ya de los tribunales pero sí de las brigadillas, era especialmente acusada durante la noche y la madrugada que eran los períodos del día considerados como especialmente adecuados para proceder a los asesinatos de los reos. Las sentencias dictadas por los diferentes tribunales carecían de apelación, eran firmes y además de ejecución inmediata. A fin de ocultar las pruebas documentales de los asesinatos, éstos se señalaban en una hoja sobre la que se trazaba la letra L, igual que en el caso de las puestas en libertad, pero para permitir saber la diferencia a los ejecutores, la L que indicaba la muerte iba acompañada de un punto.

Una vez establecido el destino del reo, éste era entregado a una brigadilla de cuatro hombres bajo las órdenes de un “responsable”. Todos los partidos y sindicatos del Frente Popular contaban con representación en las diferentes brigadillas. Sin embargo, ocasionalmente las tareas de exterminio encomendadas a estas unidades eran demasiado numerosas y entonces se recurría para llevarlas a cabo a los milicianos que prestaban servicios de guardia en el edificio de la checa.

Entre los jefes de brigadilla de la checa de Fomento algunos destacarían por su actividad asesina. Tal fue, por ejemplo, el caso de Antonio Ariño Ramis, alias El Catalán . Delincuente común, antiguo recluso en la Guayana francesa, fue responsable directo de multitud de asesinatos en la capital y en poblaciones de la provincia como Vallecas o Fuentidueña del Tajo. Sus acciones en la checa de Fomento serían consideradas por las autoridades republicanas como un mérito, ya que cuando se procedió a disolverla pasó a formar parte de Consejillo de Buenavista, encargado también de tareas represoras.

(...) Desde luego, resulta difícil descartar que al menos en algunas ocasiones la razón fundamental de las detenciones –detenciones que concluían en fusilamientos- fuera meramente el robo. Por ejemplo, el 26 de septiembre de 1936, se procedió al asesinato de Rafael Chico y su hijo Luis Chico Montes, de un cuñado del primero, llamado Hipólito de la Fuente Grisaleña y de Jaime Maestre Pérez, redactor jefe de El Siglo Futuro. El rendimiento económico se produjo al forzar y robar la caja fuerte número 1055 que la familia tenía arrendada en el banco Hispano Americano.

En otras ocasiones, tras los fusilamientos sólo puede suponerse la existencia de antipatías personales. Tal fue el caso de Antonio García García, acomodador sexagenario del cine San Carlos, al que se detuvo y asesinó sin razón clara o el de José Fernández González, un jefe de la tahona sita en la calle Mira el Sol, número 11 al que denunció un antiguo subordinado suyo convertido en chequista.

No faltaron igualmente los casos de asesinatos de grupos enteros de detenidos en claro preludio de lo que iban a ser las matanzas en masa de finales del año 1936. Así, el 28 y el 31 de octubre de 1936 se llevaron a cabo dos sacas, en el curso de cada una de las cuales se procedió a asesinar a 70 personas por acusaciones como las de querer ser seminarista.

Resulta obvio que la checa de Fomento sirvió en multitud de ocasiones para exterminar a aquellos que habían sido puestos en libertad por otras instancias judiciales. Así, por citar un ejemplo, el 21 de septiembre de 1936, Francisco Ariza Colmenarejo –que era consciente de esta terrible circunstancia- suplicó al director general de Seguridad que no se procediera a liberarlo mientras las autoridades republicanas no garantizaran su seguridad. Dos días después se expidió una orden de libertad en la que se hacía constar que gozaba del aval del Comité Provincial de Investigación Pública. Entregado así a la checa de Fomento, Ariza Colmenarejo fue asesinado.

En el caso de personas que hubieran incomodado al socialista Largo Caballero y que fueran asesinadas pueden mencionarse al menos dos casos. El primero es el de Angel Aldecoa Jiménez, de 58 años, magistrado, que fue detenido porque había juzgado un atentado relacionado con Largo Caballero, al parecer, no de la manera que hubiera complacido al dirigente socialista. Aldecoa pagó su independencia judicial frente al PSOE con el fusilamiento. El segundo es el de Marcelino Valentín Gamazo. Fiscal general de la República, Gamazo acusó a Largo Caballero por los sucesos de octubre de 1934 en estricto cumplimiento de sus deberes dentro de la legalidad republicana. EL 5 de agosto de 1936, un grupo de milicianos llegó a la casa de campo de Rubielos Altos donde residía Gamazo con su familia y tras realizar un registro y proceder a destrozar los objetos religiosos, comenzaron a golpearle delante de sus hijos pequeños a pesar de sus súplicas para que ahorraran a los niños de aquel espectáculo. (...) A las doce y media de la noche, en el paraje conocido como Cerrajón, del término de Tevar, Cuenca, Marcelino Valentín Gamazo y sus hijos José Antonio, Javier y Luis de 21, 20 y 17 años respectivamente fueron fusilados.

Las matanzas que ordenó Santiago Carrillo

(...) Ese mismo día llegaron a San Antón nuevas órdenes de Serrano Poncela ordenando la puesta en libertad de más reclusos. Según el método habitual, al día siguiente, a esos detenidos se les incluyó en dos sacas cuyos miembros terminaron también siendo asesinados en Paracuellos. El día 29 de noviembre tuvo lugar una nueva saca en el curso de la cual fue asesinado, entre otros muchos, Arturo Soria Hernández, hijo del urbanista creador de la Ciudad Lineal. El 30, se efectuaría la última saca de San Antón. Cuando concluyeran, finalmente, las matanzas de aquellos días, millares de madrileños habrían sido asesinados por las fuerzas de la Junta de Defensa cuya Consejería de Orden Público se hallaba dirigida por el comunista Santiago Carrillo (...)

La responsabilidad directa y esencial de Carrillo en millares de crímenes ha sido confirmada de manera irrefutable tras la apertura de los archivos de la antigua URSS. Al respecto, existe un documento de enorme interés emanado del puño y letra de Gueorgui Dimitrov, factótum a la sazón de la Komintern o Internacional Comunista. El texto, de 30 de julio de 1937, está dirigido a Voroshílov y en él le informa de la manera en que prosigue el proyecto de conquista del poder por el PCE en el seno del Gobierno del Frente Popular. El documento reviste una enorme importancia, pero nos vamos a detener en la cuestión de las matanzas realizadas en Madrid que Dimitrov menciona en relación con el peneuvista Irujo:

“Pasemos ahora a Irujo. Es un nacionalista vasco, católico... Quería detener a Carrillo, secretario general de al Juventud Socialista Unificada, porque cuando los fascistas se estaban acercando a Madrid, Carrillo, que era entonces gobernador, dio la orden de fusilar a los funcionarios fascistas detenidos”.

La violación y asesinato de las hermanas del vicecónsul uruguayo

El mayor reto para las legaciones extranjeras era el de poder responder a las peticiones de asilo que formulaban centenares de personas. Buen número de los solicitantes eran ciertamente gente católica y conservadora, pero tampoco faltaban los apolíticos perseguidos por su carrera o su posición social ni los republicanos e incluso los izquierdistas moderados que comprendían que su vida peligraba en medio del marasmo cruento de la revolución (...).

Las autoridades del Frente Popular no se limitaron a presionar a las legaciones diplomáticas para que les entregaran a los refugiados, sino que en no pocas ocasiones recurrieron al uso de la violencia para conseguir sus propósitos. Así, por ejemplo, el 7 de noviembre de 1936, un grupo de milicianos anarquistas entre los que se encontraba el conocido atracador Felipe Emilio Sandoval, detuvo un automóvil en el que iba el médico de la cárcel Modelo Gabriel Rebollo Dicente en compañía de un funcionario de la legación noruega llamado Werner. A pesar de que el vehículo llevaba bandera diplomática, los milicianos sacaron de su interior al doctor Rebollo procediendo a asesinarlo. Las violaciones del Derecho Internacional no se limitaron, sin embargo, a vehículos. Así, los locales de la embajada de Brasil, situados en el paseo de la Castellana, números 55 y 57, fueron asaltados el 7 de mayo de 1938 por efectivos de la policía y de los guardias de asalto, que no sólo efectuaron un registro de las dependencias, sino que además se llevaron objetos de valor. En el caso de Alemania e Italia se produjeron sendas irrupciones de milicianos en los recintos diplomáticos una vez que ambos países reconocieron al Gobierno de Franco. Afortunadamente para los refugiados, en su mayoría ya habían sido puestos a salvo. Lo mismo podría señalarse de las embajadas de Finlandia y de Perú, que fueron allanadas siguiendo instrucciones de las autoridades republicanas.

En alguna ocasión, la violencia del Frente Popular contra los diplomáticos que intentaban paliar los efectos del terror revistió características especialmente repugnantes. Tal fue el caso de la descargada sobre la legación de Uruguay en Madrid que tenían entre los 18 y los 23 años. Los milicianos procedieron tras el rapto de las muchachas a violarlas y asesinarlas. El sábado aparecieron los tres cuerpos arrojados a una cuneta al este de Madrid. El triple asesinato acompañado de violación era una obvia advertencia del Frente Popular, que prohibió enviar despachos a los corresponsales extranjeros narrando lo sucedido. La respuesta, plenamente justificada, de Uruguay consistió en romper relaciones diplomáticas con la España del Frente Popular.

El mundo de la cultura se dividió entre soplones y acusados

Lejos de denunciar lo que estaba sucediendo, no fueron pocos los intelectuales que legitimaron las muertes e incluso unieron sus voces a las de aquellos que indicaban a nuevas víctimas a la vez que exigían su eliminación (...).

El 25, Miguel de Unamuno, que se había manifestado repetidamente contra el Frente Popular y ahora apoyaba a los alzados, fue cesado de su cargo de rector vitalicio de la universidad de Salamanca y tres días después, la universidad de Madrid era objeto de un cambio de cargos y nombramientos que llevarían, por ejemplo, a Julián Besteiro a convertirse en decano de la facultad de Filosofía y Letras y a Juan Negrín a ocupar la secretaría de la facultad de Medicina.

Al igual que había sucedido en Rusia durante la revolución, los intelectuales partidarios del Frente Popular se habían arrogado el derecho de expulsar de la vida pública –e incluso de la física- a aquellos que no comulgaran con su especial cosmovisión. Así, el 23 de agosto, la Alianza de Intelectuales Antifascistas celebró una asamblea cuya finalidad era depurar la Academia Española de la Lengua, cuyos miembros eran mayoritariamente de derechas. El comité de depuración, auténtica checa de la cultura, estuvo formado por Maroto, Luengo, Abril y, por supuesto, el poeta Rafael Alberti. La depuración fue durísima pero pareció escasa a las organizaciones del Frente Popular, que la consideraron un tanto tibia. Nuevamente, los intelectuales decidieron plegarse a los intereses partidistas, unos intereses que desde hacía semanas se escribían en sangre, y el 30 de julio publicaron un manifiesto de adhesión a la República.

La declaración, ciertamente escueta, estaba suscrita por una docena de intelectuales de primera fila y decía así: “Los firmantes declaramos que, ante la contienda que se está ventilando en España, estamos al lado del Gobierno de la República y del pueblo, que con heroísmo ejemplar lucha por sus libertades”. Ramón Menéndez Pidal, Antonio Machado, Gregorio Marañón, Teófilo Hernando, Ramón Pérez de Ayala, Juan Ramón Jiménez, Gustavo Pittaluga, Juan de la Encina, Gonzalo Lafora, Pío del Río Ortega, Antonio Marichalar y José Ortega y Gasset”.

No deja de ser todo un símbolo que ese mismo día fuera detenido Ramiro de Maeztu, otro de los grandes intelectuales de la época, en un piso de la calle Velázquez, número nueve. Se trataba del domicilio de su amigo José Luis Vázquez Dodero, que había aceptado esconderlo desde la noche del 17 de julio. Fue trasladado inmediatamente a la comisaría de Buenavista, donde un inspector lo puso en libertad al no encontrar ninguna causa legal que motivara su detención. Sin embargo, Ramiro de Maeztu, dado que ya eran las 11 de la noche y que lo esperaba un coche de milicianos a la puerta, solicitó que lo detuvieran. (...) Finalmente sería asesinado en una de las matanzas masivas realizadas en la época en que Carrillo era consejero de Orden Público.

Las motivaciones para aquella conducta de apoyo a una revolución extraordinariamente cruenta se hallaron en ocasiones en la convicción ideológica y otras, como el caso de Bergamín, en el miedo. Un caso similar fue el del poeta Juan Ramón Jiménez. Claro que no estaba sólo el miedo. Además estaba la defensa de los asesinatos por parte de aquellos que, sinceramente, estaban convencidos de que era lo mejor que podía hacerse en aquellos momentos. En honor a la verdad, hay que decir que no fueron muchos aparte de Rafael Alberti y su mujer.

(...) La poda que pretendían los partidarios del Frente Popular era de tal magnitud que, de haberse podido llevar a cabo, hubiera significado la creación de un páramo cultural sin precedentes en la Historia de España. Entre los condenados por la inquisición frentepopulista se hallaban los escritores Enrique Jardiel Poncela, Carlos Arniches, Ramón Gómez de la Serna, Eduardo Marquina, Tomás Borrás, José Juan Cadenas, A. Fernández Arias, Joaquín Calvo Sotelo, Ignacio Luca de Tena, M. Morcillo, Pilar Millán Astray, José María Pemán, Jacinto Miquelarena, Adolfo Torrado, Ramón López Montenegro, Jesús J. Gabaldón, Pedro Mata, Alejandro McKimlay, Antonio Quintero y Felipe Sasone, junto a compositores como Moreno Torroba, Jacinto Guerrero o Rosillo, cuya música debía de contener, presuntamente, corcheas antirrevolucionarias. No fueron, desde luego, los únicos músicos que tenían que temer. (...) Alberti, convertido, gracias a su condición de militante comunista, en dispensador de patentes de limpieza de sangre política, anunció que se negaba a participar como recitador en un acto organizado por la Asociación Profesional de Periodistas dado que en él iba a intervenir también el músico Joaquín Turina, porque no lo consideraba afecto al régimen.

70 AÑOS DEL ASESINATO DE CALVO SOTELO POR POLICIAS SOCIALISTAS Y MASONES

70 AÑOS DEL ASESINATO DE CALVO SOTELO POR POLICIAS SOCIALISTAS Y MASONES

Minuto Digital: 13.07.2006

La noche del 12 al 13 de julio de 1936, un grupo de policías socialistas y masones irrumpió en la casa del diputado monárquico José Calvo Sotelo y, pese a su inmunidad, se lo llevó detenido. Unos minutos después, como si fuesen etarras, le pegaron dos tiros en la nuca. El 17 de julio el Ejército de África comenzó la rebelión contra el Gobierno del Frente Popular.

Entre los acontecimientos vinculados con la Segunda República y la guerra del 36 que Rodríguez se empeña en recordar y en colocar como pilares de su Gobierno progresista, faltan el secuestro y el asesinato del diputado monárquico José Calvo Sotelo por policías que se comportaron como un grupo terrorista a las órdenes del Gobierno del Frente Popular.

Después de varias amenazas a su vida pronunciadas en las Cortes por el presidente del Gobierno, Santiago Casares Quiroga, amigo y correligionario de Manuel Azaña, la diputada comunista La Pasionaria y el diputado socialista Ángel Galarza, a Calvo Sotelo le tocó ser el primero en sufrir la suerte de miles de españoles paseados.

A lo largo de 1936, el Frente Popular tomó las calles a tiro limpio; los falangistas y carlistas trataron de responder, de modo que varias ciudades españolas se convirtieron en campo de batalla. En estos tiroteos y atentados, el 12 de julio murió el teniente José del Castillo, de la Guardia de Asalto, que instruía en métodos paramilitares a las milicias socialistas y había participado en la Revolución de Octubre de 1934. Sus camaradas exigieron venganza al Gobierno y también se la tomaron por su mano.

COMO LA ETA

Entonces esa noche, en el cuartel de Pontejos, en la Puerta del Sol, se prepararon varios comandos terrorista formados por guardias de asalto y civiles, policías de paisano y milicianos socialistas y comunistas. Uno de ellos, lo dirigía el capitán de la Guardia Civil Fernando Condes, instructor de la de la escolta de Indalecio Prieto, llamada ‘La Motorizada’. Este comando fue primero a por José María Gil-Robles, quien salvó su vida por no estar en su casa, ya que temía un atentado. Entonces, los terroristas se dirigieron al domicilio de Calvo Sotelo, en la calle Velásquez, despacharon a la escolta y obligaron al diputado a subir a la camioneta con falsas excusas.

Con la furgoneta en movimiento, uno de los militantes del PSOE que constituía el comando terrorista, Luis Cuenca, le disparó dos balazos en la nuca, al estilo etarra.

Los terroristas abandonaron el cuerpo en el Cementerio de La Almudena. El Gobierno del Frente Popular censuró la información del asesinato: prohibió el uso de la palabra “asesinato” en los titulares. Otras medidas gubernamentales fueron la detención de falangistas y monárquicos y la obstrucción del sumario sobre el asesinato, que ‘desapareció’ en la guerra. “Prieto en persona escudó a los asesinos” (Stanley Payne, ‘El colapso de la República’, pág. 492).

LOS MASONES

Reproducimos una entrevista publicada por ‘El Imparcial’ el 24 de septiembre de 1978 al ex militar de artillería y masón socialista, Urbano Orad de la Torre, que fue responsable de haber aplastado a cañonazos a los militares y falangistas del Cuartel de la Montaña. Orad de la Torre afirma que en el asesinato de Calvo Sotelo intervinieron masones. Dicha entrevista podrás leerla en:

http://www.minutodigital.com/noticias/calvo1.htm

http://www.minutodigital.com/noticias/calvo2.htm

http://www.minutodigital.com/noticias/calvo3.htm

Cuando se enteró del asesinato, Julián Zugazagoitia, director del diario ‘El Socialista’, dijo: “Este atentado es la guerra”.

Al entierro del líder monárquico, desarrollado el 14 de julio, asistieron unas 30.000 personas. A la vuelta del acto, la Guardia de Asalto mató a cinco personas e hirió a 30.

Tres días más tarde, el Ejército de África se sublevó contra un Gobierno de izquierdas que amparaba a los asesinos terroristas de un parlamentario de la oposición.

TERROR POLICIACO

TERROR POLICIACO

En un principio el Gobierno prescinde prácticamente de las fuerzas de Orden Público, de las que desconfía, dándose cuenta de la incompatibilidad entre dichas instituciones —en general informadas por unos principios tradicionales de honor y de disciplina— y los pistoleros y turbas armadas que defienden al régimen. Son numerosísimos los miembros de estos organismos de Orden Público que caen asesinados y muy escasos los que, como rara excepción, aparecen identificados con el Gobierno rojo y gozan de su confianza.

El Cuerpo de Policía y el de Seguridad, así como la Guardia Civil, son diezmados, y el nombre de este benemérito Instituto es substituido por el de Guardia Nacional Republicana, siendo llamados a sus filas, para reforzarlas y llenar los claros producidos por los asesinatos y cesantías, multitud de facinerosos.

La Policía queda mediatizada y el personal profesional restante—que por haberse librado de la expulsión o del asesinato y no haber encontrado facilidades para la huida continúa en su puesto—se encuentra sometido a una rigurosa vigilancia ejercida por los nuevos elementos policíacos reclutados entre los afiliados a partidos y organizaciones extremistas, y cuya misión en la Policía oficial no era servir al Estado ni al orden público, sino a sus partidos de procedencia.

En declaración prestada ante la Causa General de Madrid por el ex Comisario general de Policía rojo, Teodoro Illera Martín, se hacen, a este respecto, las siguientes manifestaciones: «...Por último, los agentes nombrados por la Dirección roja procedían a detener a aquellas personas que consideraban desafectas y las entregaban en la Comisaría con una nota en la que explicaban los fundamentos de la detención. Desde luego, estas detenciones eran casi siempre arbitrarias, dada la falta de preparación técnica de tales agentes improvisados y su acusado matiz político. Tiene que significar que las detenciones practicadas por estos agentes carecían de toda regularidad, de tal forma, que unas veces entregaban los detenidos en la Comisaría y otras veces los detenían obrando por orden de los Radios Comunistas u otras organizaciones, y no eran llevados a ningún centro oficial de Policía... En la organización de la Policía de Madrid puede decirse que se conservó la mecánica tradicional en ella, en lo que al formulismo se refiere ; pero al lado de esta organización oficial existían, de una parte, los llamados «incontrolados», que eran elementos manejados por las organizaciones políticas con anuencia del Poder, y de otra, la C. N. T., Radios Comunistas y otros elementos que ejercían funciones policíacas con entera autonomía y libertad. En estas organizaciones era donde realmente radicaba la fuerza. Durante esta época era frecuentísimo que los familiares de las personas detenidas por estas organizaciones, fiando en la organización más seria y responsable de la Policía, llamaban angustiosamente a los Comisarios para pedirles protección. Los Comisarios siempre mandaron agentes adonde eran solicitados, pero aquí tiene que hacer notar que entre los agentes los había de dos clases : de una parte estaban aquellos que siempre pertenecieron a la Policía, los cuales eran mal vistos de los rojos, precisamente por su seriedad e independencia política, y de otra aquellos qué los mismos rojos habían nombrado para servir sus intereses políticos. Los agentes incluidos en la primera de dichas clases vivían atemorizados, y por ello siempre rehuían el practicar estos servicios, en los que el choque con las milicias podía serles fatal, y en cambio los otros, cuando llegaban a casa de los detenidos, lejos de defenderlos contra los desafueros de los Radios y Comités, como ellos mismos formaban en sus organizaciones, llegaban a ayudarles... La Policía nunca tuvo relación con las «checas» en el ejercicio de sus funciones, sino que antes bien siempre una especie de pugna. No quiere decir esto que muchos de los detenidos por la Policía no fueran a las «checas» ; pero esto se efectuaba por la Dirección General, que era quien, una vez recibidos los detenidos que las Comisarías les enviaban, los entregaban a las «checas» o cárceles, según los casos... Lo que sí se daba en algunos casos era que los elementos de las «checas» se colocaran las placas de los agentes a los que ellos mismos daban muerte, y no había posibilidad de pedirles la documentación para comprobar si eran tales, pues la contestación era el clásico «paseo» ... En una ocasión tuvo noticias el declarante de que en los Ministerios nuevos se efectuaban asesinatos y llegó a tener conocimiento del siguiente hecho, que le pareció monstruoso : Dos milicianos violaron a dos señoritas, matándolas después, pero con tal ensañamiento, que uno de ellos disparó sobre la joven a quien había violado cuando aún la estaba poseyendo, saltando la masa encefálica de la desgraciada muchacha en la propia cara del asesino. Inmediatamente el dicente ordenó colocar un servicio muy estrecho en aquellos alrededores, y le consta que desde entonces no volvieron a cometer ningún atropello allí. El Ministerio de la Gobernación mantenía unas Milicias de Retaguardia, que eran fuerzas a las órdenes del Ministro, con absoluta independencia de la Policía... A juicio del declarante, toda la responsabilidad por los hechos acaecidos durante esta época cabe a la falta de energía y dignidad en su cargo del Director General Manuel Muñoz, pues le sobraban medios materiales y apoyos morales para haber evitado esta acción de los Radios, «checas» y Milicias. Esto lo prueba suficientemente el hecho de que los comisarios en sus distritos, esfera de acción mucho más reducida, cuando supieron imponerse y hacerse respetar de estos elementos, lograron evitar numerosos atropellos, como ya tiene reseñado en su declaración. Este Muñoz toleró la existencia y acción de las Brigadas del Amanecer. La Técnica. (que funcionaba en la Dirección General) y la de Terry y una que controlaba el Subdirector Carlos de Juan. Estas Brigadas cometieron toda clase de tropelías hasta fines de noviembre... El 7 de noviembre de 1936, con motivo de la proximidad de las Fuerzas nacionales, el Gobierno huye a Valencia, y en Madrid se constituye la Junta de Defensa bajo la presidencia de Miaja. Con esto surge una nueva organización de los servicios de Policía. Se crea el Consejo de Gobernación, cargo que ocupa Santiago Carrillo, estableciéndose este organismo en Serrano, 37. Este Consejero de Gobernación es como un Ministro de la Gobernación, cuyas funciones se circunscriben a Madrid. El Jefe Director de la Policía es el Delegado General de Orden Público, cargo que ocupa Serrano Poncela, y también se establece en Serrano, 37... Se crea también un Consejo de Seguridad, que depende directamente del Consejero de Gobernación, aunque en la práctica es autónomo y no conoce limitación en su poder. Entran a formar parte en este Consejo elementos del disuelto Comité de Investigación Pública («checa» de Fomento).. Los demás componentes de la disuelta «checa» de Fomento fueron distribuídos por las Comisarías de dos en dos. Se les destinó a las Comisarías por un oficio del Director General, en el que se decía que iban en calidad de ayudantes de los Comisarios ; pero en realidad su papel era el de controles políticos... El 6 de enero de 1937 el dicente recibe un telegrama del entonces Director General de Seguridad, Wenceslao Carrillo, ordenándole que se incorpore a Valencia... La anarquía reinante en Valencia era aún mucho mayor que la de Madrid. Se daba el caso de que llegara a la puerta del Palacio de Benicarló, donde se celebraban los Consejos de Ministros, algún agente de estas milicias antifascistas, y sin autorización alguna y por propia iniciativa se llevaba los coches de los Ministros... Recuerda que dos agentes de Policía se encontraban en un café y aproximándose un grupo de milicias, les preguntaron los nombres, y seguidamente los asesinaron allí mismo... Poco a poco el Gobierno ha conseguido, cuando llega el mes de abril, una organización de tipo normal ; pero, no obstante, por aquella época el Ministro Galarza crea el D. E. D. I. D. E. (Departamento Especial de Información del Estado). Este Departamento es como algo de transición entre las milicias y la Policía. En resumen, una modificación o atenuación de las Milicias de Retaguardia. Parece obedecer esto a un criterio constante en Galarza de tener siempre bajo sus órdenes alguna organización que sirviese para protegerle en su miedo. Estas nuevas milicias tienen sus agentes y cárceles propias. Entre éstas, las tristemente célebres «checas» de Santa Ursula de Valencia. En este D. E. D. I. D. E. pueden hallarse un antecedente del S. I. M., y una vez creado éste, se refunden los dos organismos... Las funciones de la Policía en esta época se limitan a protección de edificios y personajes oficiales y represión de alzamientos de la C. N. T. en Levante. Todas las demás funciones las ejerce el D. E. D. I. D. E. ... La Policía de Barcelona, aparte de todas sus otras inmoralidades, tenía establecido un fantástico negocio que giraba alrededor de la evasión de personas y capitales. Muchos de los agentes decían estar agregados a los Consulados del Mediodía francés, cosa que no era cierta, y que aprovechaban para dedicarse al contrabando de alhajas y capitales en provecho propio. Se calculaban en 2.000 millones de pesetas los valores sacados a Francia por este procedimiento. Alrededor de los pasaportes se estableció también un enorme negocio. Y el salir de Cataluña era cuestión de abonar una cantidad más o menos crecida... No siempre se lograron estas evasiones, sino que frecuentemente cogían el dinero y luego asesinaban a las personas a las que habían desvalijado por este procedimiento... Fue nombrado Presidente de un Tribunal de exámenes en Madrid para el ingreso en la Policía de los agentes interinos y elementos de las Milicias de Retaguardia. Coincidió este nombramiento con el de Comisario General de Madrid, de cuyo cargo toma posesión el 11 de septiembre de 1937. Ya a partir de esta época no existen las «checas», que son sustituidas por el S. I. M., con el que no guarda la menor relación la Policía... Existía también una «Brigada Especial» creada por el anterior Comisario General David Vázquez Baldominos, de filiación socialista. La mandaba Fernando Valentí, procedente del grupo de agentes provisionales, ya con categoría de Comisario. Esta Brigada, aunque de organización policial, estaba controlada por los socialistas, y como en ella se dieran malos tratos a los detenidos, el dicente la disolvió. Cuando fué disuelta, sus componentes fueron reclamados por el S. I. M., de matiz socialista, pues sin ser de este partido no se podía pertenecer al S. I. M. El S. I. M. procedió siempre, además de con gran crueldad, con procedimientos ladinos y capciosos. Una de sus actividades era lanzar a sus agentes sobre personas de gran indiferencia política y las asustaban diciéndoles que los nacionales estaban para entrar y que era conveniente que se alistaran en Falange para encontrarse garantizados a la llegada del Ejército. Cuando por este procedimiento reunían ciento cuarenta o ciento cincuenta personas, entregaban las listas y decían que habían detenido a una Bandera completa de Falange...

La precedente declaración refleja de modo bastante aproximado el carácter de la Policía del Frente Popular y de aquellos organismos represivos creados por el Gobierno marxista para servirse de ellos directamente en medio del terror desordenado del periodo revolucionario.

Los departamentos y servicios policíacos de especial interés son confiados a los elementos de nuevo ingreso, procedentes de los organismos del Frente Popular, que despliegan todo su celo en fomentar artificiosamente, mediante la infiltración de agentes provocadores, complots contra el régimen marxista, que motivan la detención de numerosas personas que, brutalmente maltratadas en las prisiones de la Policía, son obligadas a reconocer imputaciones que, incorporadas al correspondiente proceso, acarrean la condena capital de los inculpados, como ocurrió en numerosos casos, entre ellos el de D. Antonio del Rosal y López de Vinuesa, que con otros doce, detenidos al mismo tiempo en Madrid, fué fusilado en el Campo de Paterna, de Valencia, en 29 de octubre de 1937, así como el de D. Javier Fernández Golfín y D. Ignacio Corujo, que en unión de varios compañeros suyos fueron ejecuta-dos en los fosos de Montjuich, en Barcelona, en el año 1938, después de haber sido unos y otros inhumanamente maltratados en Madrid durante largo tiempo.

Acerca del trato recibido por los detenidos en la prisión policíaca de la Ronda de Atocha, número 21 (antiguo Convento Salesiano de Madrid), el ex Diputado de Izquierda Republicana y Tesorero de la Cruz Roja Española de Madrid durante la lucha civil, don Ramón Rubio Vicente, manifiesta lo que sigue ante la Causa General : «Que a mediados de junio de 1937 llegaron al declarante noticias del régimen insufrible y de los malos tratos aplicados a los detenidos en la prisión preventiva dependiente de la Dirección General de Seguridad roja y establecida en el antiguo Convento de Salesianos de la Ronda de Atocha, número 21 (María Auxiliadora). En unión del Delegado de la Cruz Roja Internacional, Sr. Vizcaya, obtuvo del Comisario General de Policía, David Vázquez Baldominos, que le facilitase la visita a dicha prisión, y en esta primera visita, y en alguna otra que realizó, pudo comprobar que los presos eran objeto de malos tratos, que a las mujeres se las hacía declarar en cueros, y que en la enfermería los enfermos estaban tirados en el suelo. Todo esto aparte del régimen de escasez y privaciones, debido a desidia, como, por ejemplo, la falta absoluta de agua durante varios días, en medio del calor de aquel verano, por una avería en las cañerías, que nadie se ocupaba de reparar. Recuerda los nombres de los Agentes entonces de servicio, que eran Tomás Altozano y Manuel Linares Alcolea, ambos de Izquierda Republicana, y Cipriano Blas Roldán, del Partido Socialista, y como Sargento de la guardia, Antonio Parrondo. Merced a gestión del declarante se logra que la Comisaría General de Policía de Madrid admita en dicha prisión los servicios del Médico D. Aurelio Molero Berrio, nombrado por la Cruz Roja, y dicho señor, en unión del declarante, acudió a la prisión el 4 de julio, aprovechando la ocasión para enterarse del régimen e interioridades de aquel departamento; al abrir la puerta del calabozo número 5, donde había de prestarse asistencia a un enfermo, les hizo retroceder un paso el nauseabundo olor que allí se respiraba; en dicho calabozo encontraron encerrado a un hombre como de unos cuarenta años, que al ser examinado por el médico se quejaba de sufrir grandes dolores; su aspecto era horrible, como el de una persona secuestrada después de un largo cautiverio de penalidades y sufrimientos. Parecía un verdadero espectro, y se encontraba desnudo de medio cuerpo para arriba, con un pantalón hasta la rodilla, sin calcetines ni zapatos y tirado en el suelo, con una hoja de periódico. Preguntados los guardianes si aquel preso no tenía petate o colchoneta, contestaron que se la habían retirado porque el preso era de cuidado. El detenido manifestó al declarante que de madrugada pasaba mucho frío, y que entonces se tapaba con la hoja de periódico, que era lo único que tenía en el calabozo. Dicho calabozo tendría medio metro de ancho por dos o tres de largo, y hasta para reducir más sus dimensiones, estaba debajo de la escalera, por lo que resultaba abohardillado. El Médico, por indicación del declarante, aconsejó el traslado del enfermo a otro lugar mejor. Preocupado el declarante por estas atrocidades, gestionó de las autoridades rojas de Prisiones que dicha prisión policíaca fuese encargada al personal del Cuerpo de Prisiones, esperando que así mejorase la insufrible situación de los detenidos. Con posterioridad a la liberación se enteró el declarante de que el preso del calabozo número 5 era D. Enrique Urreta, Capitán del Ejército, y que, según referencias, está actualmente de guarnición en Burgos... Los calabozos de los pisos altos, que el declarante no visitó, eran conocidos entre los presos con el nombre de calabozos de la muerte, y, desde luego, las prolongadas incomunicaciones que en la Ronda de Atocha se prodigaban eran verdaderos medios de tortura, sabiendo todo el mundo lo que ocurría, sin que nadie se creyese en el caso de impedirlo, hasta que el declarante se preocupó de esta cuestión. Nuevamente, y después de la mejora observada en el trato de la prisión de Atocha, se recibieron noticias en el Comité Central de la Cruz Roja, por manifestaciones del Sr. Jiménez Balgañón, de que en dicho preventorio del Convento de los Salesianos volvían a aplicarse malos tratos, y preguntado sobre este hecho el Médico señor Molero, lo confirmó, en 18 de noviembre de 1937, diciendo que se trataba de un detenido que había ido a la Ronda de Atocha procedente de la Brigada Especial de Serrano, io8 (¿108?), y quedó dar el nombre al declarante. El 3 de diciembre de 1937, el Sr. Morata manifestó en una reunión del Comité Central de la Cruz Roja que se había enterado de que en la prisión de la Ronda de Atocha había unos cuarenta detenidos y que llevaban allí varios meses. Extrañado el declarante, que creía ya virtualmente desalojada aquella prisión, fué a hablar con Illera, por entonces Comisario General de Policía, a quien insistió sobre la necesidad de acabar con los malos tratos en dicha prisión y con las incomunicaciones prolongadas, ofreciéndole atenderle. En nueva visita realizada por el declarante a la prisión, en enero de 1938, encontró en cama en la enfermería a un detenido, todavía convaleciente de los malos tratos de que había sido víctima en la Brigada Especial de Serrano, 108, y dicho detenido agradeció los ofrecimientos del declarante estrechándole fuertemente la mano...»

Declaración que viene a confirmar insistentes manifestaciones en el mismo sentido hechas ante las Autoridades judiciales nacionales acerca de los martirios aplicados por la Policía del Frente Popular en la prisión de los Salesianos de Madrid y en sus demás dependencias, contándose entre estos testimonios el del Doctor Gerardo Sanz Ruber, quien dice, que a Javier Fernández Golfín le dieron dieciocho o veinte palizas ; que a Miguel Angel García Loma le fracturaron dos costillas, y que el propio declarante sufrió tales malos tratos, aplicados a un mismo tiempo por cuatro o cinco policías rojos, que estuvo orinando sangre por espacio de nueve días.

Al no resultar discreto ya, en la primavera del año 1937, la prosecución en masa de los asesinatos característicos de la anterior época, y cancelada o muy disminuída la actividad de las «checas», la Policía roja suele evitar por su parte la comisión de crímenes demasiado alarmantes, y se dedica a torturar a sus detenidos del modo que queda expuesto, sin que por ello cese en sus asesinatos.

Sin incluir las entregas de detenidos a las «checas», hechas por los diversos centros policíacos de Madrid durante los primeros meses de la contienda civil, han podido concretamente determinarse, por denuncias de familiares de las víctimas, diversos asesinatos a cargo de la Brigada Especial de Policía, establecida desde el año 1937 en la calle de Serrano, 108 , así como del preventorio policíaco de la Ronda de Atocha, números 21 y 23, directamente dependiente de dicha Brigada Especial ; y entre ellos, D. Faustino Ruiz Pérez, D. José Gracia Mairal, D. Antonio Fernández de las Heras, D. Juan Tortosa Franco, D. Cipriano Lozano Crespo, D. Martín Apesteguía Pisón, don Vicente San Juan Salamanca, D. Enrique Castillo López, D. Jesús García y García y D. Angel Rodríguez Tejada.

Los desmanes realizados por la Policía roja, no sólo reconocían en todos sus casos como víctimas a personas más o menos adversas al régimen político frentepopulista, sino que recaían muchas veces sobre personas completamente ajenas a la política, siendo la codicia o los intereses particulares de los miembros de la Policía roja, procedentes de las «checas», el único y exclusivo motivo de estos crímenes, acompañados con extraordinaria frecuencia de ultrajes al pudor y expoliaciones de la propiedad: Así, en los primeros días de octubre de 1937, unos Agentes de la Brigada de Información y Control de Frentes de la Policía roja, entre los que figuraban Fidel Losa Petite y Bibiano Bere Revolé —muy conocidos por su destacada actuación criminal— registraron el domicilio de doña María Irribarren Martínez, que fué detenida y despojada de mil pesetas halladas en su poder; fué víctima de diversos ultrajes, y después de pasar por el centro policíaco de la Brigada de Información y Control, establecido a la sazón en el paseo de la Castellana, fué conducida al sector militar de El Pardo y asesinada. El mismo agente rojo Fidel Losa Petite, secundado también por Bibiano Bere y otros individuos de la Policía del Frente Popular, condujeron en un automóvil, en septiembre del mismo año 1937, a la señorita Carmen Pérez Mansilla, de veinticuatro años, domiciliada en la calle del General Martínez Campos, número 9, haciéndola creer que la trasladaban a Alicante, desde donde le sería fácil salir de España en algún buque ; en la carretera la asesinaron, enterrándola en el propio lugar del crimen.

Otros muchos crímenes semejantes fueron llevados a cabo por la Policía roja y demás organismos oficiales represivos del Gobierno frentepopulista, incluso en época ya bien avanzada de la guerra, tanto en Madrid como en los demás territorios sometidos al dominio rojo, existiendo constancia judicial de estos hechos.

Con independencia de la Policía, el Gobierno marxista va creando otros diversos organismos represivos de carácter oficial, como el D. E. D. I. D. E. (Departamento Especial de Información del Estado) y el S. I. M. (Servicio de Información Militar).

Nace el D. E. D. I. D. E. en Valencia, siendo su núcleo fundador la Compañía de Milicias de Vigilancia de Retaguardia de Madrid, que servía de escolta personal al Ministro de la Gobernación Angel Galarza, a quien habían acompañado en su huída desde la Capital, donde los mencionados elementos afectos a Galarza habían cometido durante varios meses toda clase de crímenes sangrientos y de depreciaciones en la célebre «checa» de la calle del Marqués del Riscal, número 1. Al abandonar Galarza la Capital madrileña, ante el avance nacional en noviembre de 1936, encargó a varios de estos chequistas del transporte de las maletas cargadas con dinero y alhajas que el referido Ministro rojo se había reservado para sí y que no pudo aprovechar en definitiva por haberse apoderado violentamente de dicho tesoro las milicias anarquistas de Barcelona, que se enteraron oportunamente del paso por dicha ciudad de los milicianos de la escolta de Galarza encargados por éste de conducir a lugar seguro las maletas confiadas a su custodia por el Ministro.

Este primitivo núcleo del D. E. D. I. D. E. —organismo represivo extendido más adelante a toda la España roja— instaló en Valencia las famosas «checas» de Baylia y Santa Ursula, consistiendo las torturas empleadas en las mismas no sólo en brutales apaleamientos, sino en el uso de torniquetes para descoyuntar los miembros, quemaduras de las extremidades, introducción de estaquillas entre las uñas, retorcimiento de los órganos genitales, suspensión de la víctima (que quedaba colgada del techo con la cabeza hacia abajo), introducción de los detenidos en celdas cuyo piso, rebajado, se hallaba inundado por dos palmos de agua, etc. Otro de los castigos consistía en introducir a os detenidos, privados de alimentación, en unos cajones de un metro madrado de base y escasa altura, donde se les obligaba a permanecer encogidos durante varios días, hasta que se desmayaban. Entre multitud de         personas sufrieron estos martirios en las «checas» policíacas del E. D. I. D. E., en Valencia, D. José Selles Ogino y D. Emilio Calonarde Granell, cuyas declaraciones, así como otras muchas en igual sentido, obran en la Causa General de dicha provincia. Tanto al señor últimamente mencionado como a D. Jesús Domingo Vargues les fueron quemadas las plantas de los pies.

Dirigían las «checas» de Baylia y Santa Ursula—direc-Imente dependientes del Ministro Galarza—además del Comisario Juan Lobo, el Comandante rojo Justiniano García, jefe de la escolta del Ministro marxista ; el Capitán de milicias Alberto Vázquez y sus dos hermanos y, en resumen, cuantos habían ejercido mando en la «checa», madrileña de la calle del Marqués del Riscal, de donde procedían. Como técnico con amplia autoridad figuraba, entre otros extranjeros, un idividuo ruso que usaba el nombre de Peter Sonín, así como su mujer, Berta, cuya actuación alcanzó notoriedad en Valencia.

Las «checas» de Baylia y Santa Ursula, como las demás del D. E. D. I. D. E. en toda España roja, pasaron a depender en mayo de 1938 del S. I. M., cuando este nuevo instrumento de terror, creado en 1937 por el Ministro de Defensa Indalecio Prieto, acabó por absorber al D. E. D. I. D. E.

El D. E. D. I. D. E. dependía del Ministerio de la Gobernación y su mando supremo fué confiado, al poco tiempo de su creación, a Francisco Ordóñez, amigo de Indalecio Prieto pistolero de su escolta con anterioridad a la guerra,  uno de los asesinos comprobados del Diputado D. JOSÉ CALVO SOTELO.

Siendo Indalecio Prieto Ministro de Defensa, también en el año 1937, constituye el S. I. M., con amplísimas atribuciones que acaba por absorber al D. E. D. I. D. E., cuya misión informativa se consideró fracasada.

El S. I. M. no se limita a su específica esfera de investigación militar, sino que se convierte en la Policía política más siniestra y temible, imponiendo el terror tanto en los frentes como en la retaguardia y cometiendo numerosos asesinatos. El S.I.M. del Ejército del Centro (Madrid), quedó a cargo de Angel Pedrero García maestro socialista, delincuente contra la propiedad y amigo de Indalecio Prieto y de Angel Galarza, de quien era paisano Pedrero ; nombrado Jefe de Demarcación del S. I. M. con la graduación de Teniente Coronel, distribuye los mandos superiores de su Servicio entre sus antiguos compañeros de la «checa» de Atadell —a la que él mismo había pertenecido como segundo jefe— y completa el personal con una serie de agentes de policía socialistas, procedentes casi todos ellos de las «checas» .

El S. I. M. de Madrid aplicó a sus detenidos terribles malos tratos en su prisión de San Lorenzo (perteneciente con anterioridad al D. E. D. I. D. E.) y comete asesinatos en la capital, aparte de los que los agentes del S. I. M. podían impunemente cometer en los frentes de guerra. Se refieren a algunos de estos asesinatos las siguientes declaraciones obrantes en la Causa General de Madrid :

Don Miguel Minuesa Pueyo denuncia que el 25 de abril de 1938 fué detenido su hermano D. José Minuesa Pueyo por dos sujetos vestidos de Tenientes del Ejército rojo, que lo condujeron al Ministerio de Marina (S. I. M.), donde perdieron noticias del detenido el día 28 del mismo mes.

Don Fernando Martín Salgado, con domicilio en Núñez de Balboa, núm. 5, denuncia que su hermana política doña Sofía Follente Morlin, vecina de Pozuelo de Alarcón, cuyo hijo Gregorio se había pasado a zona nacional, fué detenido en Miraflores de la Sierra el 11 de julio de 1938 por agentes del S. I. M. y conducida al Ministerio de Marina, habiéndose enterado posteriormente el declarante de que la detenida había sido asesinada el día 24 del mismo mes y año.

Don Alfonso Mazariego Lavín, con domicilio en O'Donell, 20, hace constar que su tío D. Alfredo Chelvo Bosch, de sesenta y un años, con domicilio también en O'Donell, 20, fué detenido en el Sindicato de Técnicos de la C. N. T. el 13 de mayo de 1938, y conducido al S. I. M. del Ministerio de Marina, de donde desapareció sin que se volviera a tener noticia alguna de su paradero.

Don Rafael Castro de la Jara, Médico, con domicilio en esta capital, calle de Alcalá, 117, expresa que su hijo D. Joaquín Castro Moreno fué detenido el 25 de febrero de 1939 por dos agentes del S. I. M., uno de los cuales decía ser el Teniente Iglesias, quienes le llevaron a las oficinas de dicho centro (Ministerio de Marina), siguiéndole el declarante, que llegó hasta la puerta del Ministerio de Marina, oyendo al poco rato lamentos de su hijo a quien vió bajar corriendo las escaleras, quejándose de malos tratos, en cuyo momento los vigilantes le acribillaron a balazos; que practicada la autopsia por dos Médicos forenses, entre ellos el Dr. D. Arturo Santamaría, se apreciaron en el cuerpo de la víctima señales de magullamiento recientes; y que al asesinado le fueron robadas 800 pesetas que llevaba.

Según denuncia de D. Alfonso Cordón de Roa, con domicilio en Pozas, 18, su hermano D. Enrique Cordón de Roa, Abogado, fué detenido por agentes de la Brigada de Pedrero al salir del Palacio de Justicia de Madrid el 30 de septiembre de 1937, y conducido al Ministerio de la Guerra, desde donde se cree fué trasladado a Valencia, sin que hayan vuelto a tenerse noticias de su paradero.

Doña Agustina Povedano López, con domicilio en Jorge Juan, 94, denuncia que su marido D. Salvio Rivagorda Gómez, fué detenido por agentes del S. I. M. en la calle de Goya el día 29 de abril le 1938, siendo conducido a la «checa» del Ministerio de Marina, de donde desapareció el día 1 de mayo.

Doña Flora Baelo Navarro, domiciliada en Jorge Juan, (¿))4, manifiesta que su hermano D. Pedro Baelo Navarro fué detenido ,por agentes del S. I. M. el día 29 de abril de 1938, siendo conducido a las dependencias del referido S. I. M., donde dieron razón de él durante dos días, al preguntar sus familiares, sin que a partir de dicha fecha volviera a tenerse ninguna noticia del desaparecido.

En denuncia presentada por doña Vicenta Arce González, domiciliada en Doctor Esquerdo, 41, se consigna que su esposo D. Paulino Angel Sáinz fué detenido por agentes del S. I. M. el día 25 de agosto de 1938, siendo conducido al Ministerio de Marina, de donde desapareció, habiéndose hallado su cadáver el día 2 de septiembre en el Depósito Judicial e inhumado por la familia en el Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena.

Doña María González Parra, con domicilio en esta Capital, calle de Sagunto, núm. 10, denuncia que su hermana doña Elisa González Parra, telefonista, fué detenida por agentes del Servicio de Investigación Militar el 2 de julio de 1938 y conducida a la «checa» de San Lorenzo, de donde desapareció; habiendo tenido referencias la declarante, obtenidas en la Cruz Roja Internacional, de que en las oficinas del S. I. M., de Cuenca, la detenida fué maltratada, habiéndose abusado de ella al parecer y siendo a continuación arrojada por una ventana al río Júcar, habiendo expresado el certificado facultativo que la víctima había fallecido por la fractura de la base del cráneo.

Al derrumbarse el régimen marxista, los miembros del S. I. M. de Madrid huyen a los puertos de Levante, donde tratan de embarcar para el Extranjero y —siguiendo el ejemplo del reparto de fondos hecho en 1936 por los chequistas del Comité Provincial de Investigación Pública—, Angel Pedrero distribuye, en una casa de la calle de la F. A. I., de Valencia, entre varios de sus subordinados, dinero y alhajas procedentes de los saqueos llevados a cabo por el Servicio de Investigación Militar, así como una importante partida de azafrán, producto que alcanzaba una elevada cotización.

Llegaron a ser tristemente célebres las «checas» del S. I. M. de Valencia, establecidas en Villa Rosa, Escuelas Pías y calle de Sorni, núm. 7, por la constante aplicación de tormentos refinados, habiéndose perpetrado en ellas violaciones y abusos deshonestos de que resultaron víctimas varias detenidas, algunas de las cuales han denunciado ante la Justicia nacional tales atropellos.

Se pegaba con instrumentos contundentes hasta dejar a los detenidos sin sentido, aplicándoles duchas para reanimarlos, llegándose a eliminar a muchas personas. Si los declarantes no lo hacían a gusto de sus interrogadores, se simulaba su fusilamiento, a fin de atemorizarlos, teniendo lugar estos simulacros por la noche, en los alrededores de la ciudad ; fueron empleados calabozos de emparedamiento, impregnados de humedad y privados en absoluto de luz, en los cuales los detenidos se veían obligados a evacuar sus necesidades en el mismo calabozo, del que solían ser sacados por la noche y conducidos al despacho del responsable, donde eran interrogados entre blasfemias e insultos soeces, siendo varios los detenidos que enloquecieron. Otro de los martirios consistía en colocar en las muñecas de las víctimas esposas con pinchos interiores, siendo táctica de los chequistas aplicar estas torturas en presencia de los detenidos recientemente ingresados en la «checa», a fin de que se impresionaran y resultasen de este modo más explícitas sus declaraciones. Las detenciones iban acompañadas del saqueo del domicilio de las víctimas, muchas de las cuales eran personas de buena posición económica.

El Médico D. Juan Rubirac Ballester certificó repetidos casos de lesiones graves, producidas en centros del S. I. M. de Valencia.

Don Federico Espinosa de los Monteros fué maltratado durante tres meses, desde agosto a noviembre de 1936, en las «checas» del S. I. M. de las calles de Sorní y Carniceros, de Valencia, bajo la dependencia de Loreto Apellániz, por los siguientes procedimientos : Atado al respaldo de una silla le fueron retorcidos los órganos genitales, martirio que le produjo una fortísima orquitis, de la que todavía —en junio de 1941—se resentía; en la mencionada «checa» de la calle de Carniceros permaneció encerrado en una habitación de techos bajísimos que le hacía permanecer en flexión casi continua durante los treinta y seis días que duró su encierro en dicha habitación, cuyo piso se encontraba cubierto por un palmo de agua, que le impedía sentarse. Como consecuencia de estos sufrimientos, le quedaron dolores en la columna vertebral y en los riñones y una úlcera que, en la época en que el Sr. Espinosa de los Monteros prestó su declaración ante las Autoridades, se encontraba todavía en estado de supuración.

El más cruel de todos los cabecillas del S. I. M. de la capital valenciana fué el aludido Loreto Apellániz García, responsable de las «checas» de este organismo durante el último periodo de la lucha civil, y a quien, en vista de la publicidad alcanzada por sus monstruosos crímenes, hubieron de encarcelar y formar proceso los propios frentepopulistas de significación más moderada que se hicieron cargo del Poder en marzo de 1939, varios días antes del derrumbamiento de la resistencia marxista; sumario que sirvió de sólida base, al ser liberada la capital levantina por el Ejército nacional, para la sentencia del Consejo de guerra que, en abril de 1939, condenó a la última pena a Loreto Apellániz y a sus principales secuaces.

El S. I. M. de Barcelona —donde, por hallarse el Gobierno rojo, radicaba la Jefatura central, desempeñada por Garcés, que también fué pistolero al servicio de Prieto y asesino de CALVO SOTELO—, supera a las demás demarcaciones por su crueldad refinada. Las «checas» barcelonesas del S. I. M. disponen de toda clase de elementos técnicos de tortura que, al ser conquistada la capital catalana por el Ejército liberador, aún se encontraban instalados, y fueron capturados intactos y examinados libremente por el público.

El terror policíaco había culminado en Barcelona, residencia del Gobierno republicano durante los dos últimos años de la contienda civil. En las «checas» oficiales se montaron por el S. I. M. complicadas instalaciones de tortura, bajo la dirección técnica de un aventurero degenerado, de ascendencia austriaca, apellidado Laurenzic.

Fueron utilizadas celdas reducidísimas en las que el piso se encontraba cubierto de ladrillos puestos de canto, de modo que no resultase posible al detenido asentar de plano la planta del pie, y menos aún acostarse sobre el suelo, sin resultar cruelmente lastimado; la misma celda tenía por todo asiento un poyo en declive, que no permitía, a quien en él se reclinase, conciliar el sueño, puesto que en ese mismo momento rodaba forzosamente al suelo, en el que le aguardaba el filo de los ladrillos colocados precisamente con esa finalidad. Un timbre unas veces y otras un metrotono, mantenían en constante tensión los nervios de la víctima.

Otras celdas, semejantes a armarios, tenían escasamente capacidad para albergar el cuerpo del detenido, que era introducido de espaldas y de cara a la puerta, que, al ser cerrada, le impedía todo movimiento, en cuyo instante era encendido un foco potentísimo que producía a la víctima vivo deslumbramiento y graves lesiones a la vista, obligándole a permanecer con los ojos cerrados y fuertemente apretados.

Otra de las celdas de tortura consistía en una especie de campana, cuya temperatura podía ser elevada a voluntad desde el exterior, hasta hacerse insoportable, por medio de dispositivos eléctricos, produciéndose al propio tiempo, por medio de unos martillos o rodillos, un ruido ensordecedor, que enloquecía a las víctimas.

La «checa» de la calle de Zaragoza, establecida en un convento de religiosas sanjuanistas, adquirió triste fama por los variados procedimientos de tortura con que fueron martirizados los detenidos, destacando, entre los más crueles, el martirio de la silla eléctrica, instalada en la sala donde actuaba un titulado tribunal rojo, que ordenaba y contemplaba el suplicio de los recluidos en esta «checa».

La «checa» de la Tamarita, emplazada en un chalet enclavado entre el Paseo de San Gervasio, Avenida del Tibidabo y calle de Nueva Belén, entre cuyos dirigentes figuraban jefes del S. I. M. rojo, alguno de elevada graduación militar, y sujetos de nacionalidad rusa; la de la calle de Ganduxer, la del Seminario y otras varias, fueron regentadas en Barcelona por el S. I. M. siempre con los mismos métodos.

En los sótanos de la «checa» del S. I. M. establecida en la calle de Muntaner, 321, fué empleada por primera vez en Barcelona el tormento de la silla eléctrica.

Acaso la más famosa «checa» del S. I. M. en Barcelona haya sido la de Vallmajor, también conocida con el nombre de «Preventorio D». En ella se emplearon los más refinados martirios para obtener de los detenidos declaraciones a gusto de sus interrogadores.

En los campos de concentración del S. I. M., principalmente en los de la Región catalana, murieron a consecuencia de las penalidades y malos tratos padecidos un número muy elevado de detenidos que sufrían, en general, un trato inhumano.

Desde que el S. I. M. actúa en la zona marxista se dedica a mantener, tanto en el frente como en la retaguardia, el más violento terror como medio para contener la creciente desmoralización del Ejército rojo y de la población civil ; la red de agentes reclutados entre los antiguos chequistas, y de confidentes —denominados «Agentes invisibles»— tenía a su cargo las detenciones y asesinatos, siendo una de sus misiones la de detener a los familiares de aquellos soldados del Ejército rojo que se pasaban a las líneas nacionales, siendo conducidos estos rehenes, sin consideración a su edad (a veces se detenía al padre del evadido), a la misma unidad militar donde el fugado prestaba sus servicios, en la que muy frecuentemente eran asesinados al poco tiempo de su llegada.

El sistema de secuestros y torturas es aplicado en todos los lugares en que existe un destacamento o representación del S. I. M. En Almería, una mujer fué cruelmente maltratada en presencia de su marido, también detenido, y éstebrutalmente apaleado a su vez al intentar defender a su mujer, golpeada sin descanso por seis individuos,que la habían desnudado previamentemurió poco después en la prisión de Baza. El mismo S. I. M. de Almería solía emplear el tormento de atar a sus detenidos de pies y manos y sumergirlos en una balsa llena de agua, donde los tenían cierto tiempo, no extrayéndolos hasta que los veían casi ahogados.

En el Campo de trabajo número 3, establecido por el S. I. M. en el término municipal de Ornelles de Nogaya (Lérida), fueron asesinados unos doscientos detenidos. Un testigo presencial, llamado D. Dionisio Samper Samper, que también estuvo internado en dicho Campo, relata el asesinato del seminarista D. Francisco Arias Antequera, natural de Madrid : El 24 de junio de 1938, Antequera fué apaleado ferozmente por el hecho de haberse descubierto su condición de seminarista; empezó el suplicio a las dos de la tarde y estuvo siendo golpeado, con ciertos intervalos, hasta la madrugada, en que expiró ; en las primeras horas de la madrugada pidió un poco de agua y le dieron a beber orines con sal. Este asesinato fué también presenciado por don Juan Argemí Fontanet, que declaró igualmente lo sucedido ante las Autoridades judiciales del Estado Nacional; este mismo testigo recuerda, entre los numerosas asesinatos de detenidos, el del Dr. D. Casimiro Torréns, Médico de Omelles de Nogaya, que fué muerto a tiros.

En términos generales, y con modalidades que difieren en algún detalle, según las diversas demarcaciones, lo apuntado constituye el carácter general de la actuación de la Policía política roja cuya última y más acabada manifestación se encuentra representada por el S. I. M., creado por Indalecio Prieto.

La dirección de las instalaciones de tortura de las «checas» del S. I. M. de Barcelona, corrió a cargo del jefe supremo del S. I. M., Santiago Garcés, de Francisco Ordóñez —que fué jefe del D. E. D. I. D. E.—, del Gobernador del Banco de España rojo, Pedro Garrigós, y de los miembros del referido servicio policíaco, Comandante Alonso, Urdueña, Sargento Mendoza y otros varios, ejerciendo el cargo de jefe de interrogadores un individuo apellidado Walter.

A los tormentos que los instaladores de las «checas» oficiales del S. I. M. denominaban «psicotécnicos», se unían las más duras y brutales violencias materiales, siendo usual la aplicación de hierros candentes que producían profundas quemaduras y arrancaban las confesiones de responsabilidades ciertas o imaginarias pretendidas por los interrogadores; también era frecuente, como en las «checas» oficiales de Valencia, el retorcimiento de los órganos genitales de los detenidos v la suspensión de éstos —hombres o mujeres— cabeza abajo por tiempo prolongado. Constan fehacientemente acreditados numerosos casos de esta índole, relatados ante las autoridades judiciales por los supervivientes.

En la «checa» de la calle de Valimajor, de Barcelona, un detenido se ahorcó, enloquecido, después de haber sido cruelmente maltratado; lo acredita como testigo el entonces detenido, médico de Barcelona, D. Juan Juncosa. La esposa de D. Jaime Scoda, se volvió loca, a consecuencia de las penalidades sufridas en la misma «checa» de Vallmajor, en la que estuvo detenida, en unión de su marido.



Causa General.

¡QUE LA IZQUIERDA CONDENE LA II REPÚBLICA!

¡QUE LA IZQUIERDA CONDENE LA II REPÚBLICA!

Esto de la "memoria histórica" viene siendo utilizado por la izquierda sin ningún tipo de escrúpulo. Una memoria histórica hecha a gusto de unos que oculta la realidad de lo sucedido en España.

El Partido Popular también sabe algo de esto, ya que sus dirigentes han sido diana constante de los insultos de esa izquierda que ha hecho de la memoria histórica una herramienta política con la que utiliza a las víctimas.

Algunos dirigentes del PP no se han quedado de brazos cruzados y desde las numerosas tribunas públicas a las que tienen acceso han comenzado a pedir que desde la izquierda se condene a la II República por los crímenes y salvajadas que a la sombra del régimen se realizaron.

Daniel Sirera, parlamentario popular en el Parlamento catalán ha sido claro en una carta publicada en e-noticies y que por su interés reproducimos en español, ya que el original se escribió en catalán. Un acto de valentía del PP que nos gustaría ver acompañado de otros.

CONDENAR LA REPÚBLICA

Todavía no he vistO a ningún dirigente del PSOE, ni del PSC, ni de Izquierda, ni de ICV ni de EUiA condenando la república.

No he escuchado ni se ha presentado ninguna propuesta ni al Parlamento de Catalunya, ni al Congreso de los Diputados, ni al Parlamento Europeo de condena al hecho de que 2.039 religiosos fueran asesinados por la represión republicana en Catalunya.

Nadie ha pedido perdón ni ha condenado que el 19 de julio del 1936, sólo en Barcelona, fueran quemadas las iglesias de Santa Maria del Mar, Sant Josep y Santa Mònica, SanSanto Agustí, Sant Josep Oriol, Virgen María del Rosario, Virgen María de la Bonanova, Cristo Rey, Sant Joan y Santa Teresa de Huerta, Santa Madrona, Virgen María de Lourdes, SanSanto Andreu de Palomar, Virgen María de los Desamparados, Virgen María de la Milagrosa, Sagrado Corazón de Jesús, Santa Maria de Pueblo Nuevo, SanSanto Raimon Nonat, Santo Àngel Custodio y la Virgen María de Belén.

Tal y como recordaba el máximo responsable del Partido Obrero de Unificación Marxista de la época, a La Vanguardia, "la clase obrera ha resuelto el problema de la iglesia, sencillamente no dejando cabeza en pie". ¿Alguien condenará todo esto algún día?

Daniel Sirera

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DOS INTENTOS GOLPISTAS DE AZAÑA

DOS INTENTOS GOLPISTAS DE AZAÑA

Azaña intentó un primer golpe de Estado cuando la izquierda perdió las elecciones, en noviembre de 1933. Entonces presionó al jefe de Gobierno, Martínez Barrio, y al presidente de la República, Alcalá-Zamora, para que no convocaran las Cortes resultantes de los comicios, burlando así la decisión ciudadana, y en cambio formasen un gobierno izquierdista que organizara nuevas y más convenientes elecciones. El presidente recuerda en sus Memorias que «Azaña, Casares y Marcelino Domingo dirigieron a Martínez Barrio una carta de tenaz y fuerte apremio (...) en la que el llamamiento tácito a la solidaridad masónica se transparentaba clarísimo, a pesar de lo cual, en aquella ocasión, Martínez Barrio no cedió, cumpliendo su deber oficial, quizá no con agrado, pero sí con firmeza, al ver también la de mi actitud». Martínez Barrio también da cuenta en sus Memorias de esta y otras maniobras.

El episodio es bien conocido, aunque a menudo olvidado o minimizado. Santos Juliá, por ejemplo, descarta el intento del golpe: «Claro está (...) no suelen proponerse golpes de Estado por carta». El comentario es frívolo, y además no sólo hubo la carta, sino también reuniones y todos los medios entonces al alcance de Azaña. De haber cedido Alcalá-Zamora, la república, o al menos la democracia, se habría venido abajo en aquel momento, acarreando probablemente la guerra civil. ¡Qué diría Juliá si la intriga hubiera partido de la derecha!

Pero existe otra intentona golpista de Azaña, generalmente desconocida, que tuvo lugar hacia junio-julio de 1934. Por entonces se produjo una gravísima crisis por un conflicto de competencias entre el Gobierno y la Generalidad, a causa de la ley catalana de contratos de cultivo. La Esquerra, que dominaba la Generalidad, colocó a ésta en abierta rebeldía frente a las instituciones republicanas, mientras Companys hacía llamamientos apenas disimulados a la violencia y, para preparar la rebelión armada, constituía un comité encabezado por Dencás, jefe de Estat Catalá, sector separatista de la Esquerra. Prieto anunció en el Congreso: «este conflicto va a adquirir proporciones (...) gigantescas», y Azaña se refirió a «la inmensa desdicha que se avecina sobre España»; pese a lo cual ambos expresaron su completo apoyo a la Esquerra.

Azaña envió por esos días a Cataluña a Carlos Esplá, hombre de su confianza, a fin de tranquilizar a la Esquerra, según afirma en su libro Mi rebelión en Barcelona. Pero las declaraciones del propio Azaña en Madrid eran todo menos tranquilizadoras. El 1 de julio declaró en el cine Pardiñas, lugar de tantos discursos de la época: «Vamos a colocarnos en la misma situación de ánimo en que estábamos frente al régimen español en 1930», es decir, en situación de rebeldía. Y para aclararlo, aludió al fracasado golpe militar con que intentó imponerse la República aquel año: «Unas gotas de sangre generosa regaron el suelo de la República, y la República fructificó». Esto sonaba a preanuncio de sublevación.

Dencás desmiente la versión azañista sobre el cometido de Esplá: éste habría ido a Barcelona a «ayudarnos a preparar la revuelta», asistiendo a las reuniones del comité creado por la Esquerra, con participación de varios militares, entre los que menciona a Pérez Farrás. Pero, además de éste figuraban en dicho comité los comandantes Jesús Pérez Salas y Arturo Menéndez, que habían de permanecer al lado de Dencás, como asesores, la noche fatídica del 6 al 7 de octubre, cuando estalló la revuelta. Tanto Pérez Salas como Menéndez eran de los (escasos) militares de confianza de Azaña, y el segundo había sido director general de Seguridad cuando la matanza de Casas Viejas.

Pues bien, Pérez Salas explica en su libro Guerra en España, que por entonces Azaña preparaba un golpe de Estado que se iniciaría en Barcelona: «Se daría a conocer al pueblo el nuevo Gobierno formado. Simultáneamente, en Madrid y en el resto de España habría de estallar una huelga general, como adhesión al nuevo Gobierno». Sin embargo, el proyecto no cuajaría: «no existió completo acuerdo entre los partidos ni entre las personas que habían de formar ese Gobierno, por lo que Azaña desistió de su propósito».

¿Qué hay de realidad en todo ello? Azaña refiere vagamente en el Cuaderno de La Pobleta que el 14 de junio (debió de ser julio) había hablado, en vano, con hombres del Partido socialista y de la Esquerra para buscar la unidad y el «acuerdo sobre un fin común», que no especifica, pero que él presenta como un fin político no subversivo. Sin embargo, existe un documento mucho más explícito: el acta de una reunión conjunta de las ejecutivas del PSOE y la UGT, el 2 de julio, para tratar la dimisión de
Alcalá-Zamora, que se daba por inminente, y responder a la pregunta de Azaña, transmitida por Prieto, sobre qué harían en tal caso los socialistas. (En Fundación Pablo Iglesias, AFLC XXII, p. 88 a 91).

Conviene recordar que, por aquellas semanas, Azaña, Martínez Barrio y otros, acosaban a Alcalá-Zamora para que derribase al gobierno centrista legal, presidido por Samper, y lo sustituyese por uno de izquierda, como medio para cortar la rebeldía esquerrista. El presidente de la República, desesperado, consignó en sus diarios: «Apena presenciar todo esto y seguir rodeado de gentes que constituyen un manicomio (...) porque entre su ceguera y la carencia de escrúpulos sobre los medios para mandar, están en la zona mixta de la locura y la delincuencia. La amargura que producen estas gentes impulsa a marcharse y dejarlos».

Ante la eventualidad de la dimisión, las ejecutivas del PSOE y UGT acordaron lanzar «con todas sus consecuencias» la revuelta para la que se venían armando desde principios de año, y que planteaban abiertamente como una guerra civil; y contestar a Azaña que ellos lucharían por sus objetivos (la dictadura proletaria), sin supeditarse a las izquierdas «burguesas». Para comunicar el acuerdo, una comisión socialista del máximo nivel, compuesta por Largo Caballero, De Francisco y Lois, se entrevistó con los representantes de las izquierdas republicanas Marcelino Domingo, Salmerón y Azaña, y «por cierto -comenta Largo- que a éste no le agradó nada la contestación. Preguntó que si se constituía un gobierno republicano, cuál sería la conducta del Partido socialista; se le contestó que dependería de la conducta que observase el gobierno que se constituyera. A esta entrevista compareció también, de forma inesperada, el señor Lluí» (Lluhí, de la Esquerra), para advertir a Largo y sus compañeros que la Generalidad no apoyaría un gobierno exclusivamente del PSOE. La presencia sorpresiva de Lluhí fue interpretada por los socialistas como una inadmisible encerrona, para inducirles a aceptar el gobierno -ilegal- que preparaban las izquierdas «burguesas».

Esta fue la reunión a la que alude Azaña en su Cuaderno de La Pobleta. Planeaba, pues, su propio golpe, como informa Pérez Salas, golpe que abortó ante la postura socialista. Ni la dictadura del PSOE ni la república federal que patrocinaba la Esquerra le hacían gracia, y esa tuvo que ser la causa de que probablemente ese mismo mes de julio, renunciara a sus proyectos. De ellos no deja la menor huella en Mi rebelión... ni en el Cuaderno pero los testimonios citados y la actitud de Azaña en aquellos días coinciden, y esclarecen, a mi juicio, las líneas generales de lo ocurrido.

El presidente de la república no llegó a dimitir, y el instante crítico pasó sin que casi nadie llegara a enterarse de cuán al borde del abismo había estado el régimen. No obstante, los aprestos bélicos de la Esquerra y el Partido Socialista prosiguieron, hasta desembocar en la insurrección de octubre de aquel año, lanzada con el pretexto de la entrada -plenamente legal- de tres ministros moderados de la CEDA en el Gobierno.

La conducta real de Azaña difiere a menudo de la que expone en sus escritos. El 6 de junio de 1933, por ejemplo, anota en sus Diarios: «Los radicales, y otros, han cometido la imprudencia de apelar a la intervención presidencial cuando no podían vencernos en las Cortes. El hecho es disparatado, y nunca se me ocurriría imitarlo, desde la oposición, contra un gobierno de derechas. Eso es apelar al Presidente contra el Parlamento (...) Más vale un régimen parlamentario auténtico, con todos sus inconvenientes, que un régimen parlamentario falsificado o corrompido». En cuanto perdió las elecciones, Azaña presionó sin tregua al presidente contra las Cortes, y lo hizo de forma mucho más dura y peligrosa que los radicales. Otro ejemplo revelador está en su anotación del 4 de diciembre de 1931 sobre «una proposición que ha presentado Santa Cruz, por indicación mía, pidiendo que las Cortes declaren que la disolución de las Cortes Constituyentes no se computará en las dos disoluciones que el Presidente de la República puede hacer con arreglo a la Constitución». En 1936, vuelto al poder, una de sus principales medidas fue destituir a Alcalá-Zamora, computando la disolución de las Constituyentes entre las dos a que tenía derecho el presidente.

Pío Moa

INCITACIÓN A UN HOLOCAUSTO

INCITACIÓN A UN HOLOCAUSTO

Sectores izquierdistas y, sorprendentemente en algunos casos, miembros de la Iglesia, están insistiendo en que la Iglesia española pida perdón por haber apoyado a los nacionales en la guerra civil de 1936-1939. Estas sugerencias, hechas principalmente por personas de filiación marxista, encontraron eco, nada más y nada menos, en un obispo, que brindó esta magnífica «perla»: «El Episcopado español debería pedir perdón por la colaboración de la Iglesia con el franquismo».

Parece que el obispo desconoce por completo que la persecución que sufrió la Iglesia por parte de los rojos en el período 1936-1939 fue la más terrible de toda la historia de la cristiandad, inmensamente superior a la que truvieron que sufrir los cristianos en la antigua Roma. Así pues, habría que preguntar a esos individuos si después de todas las barbaridades que perpetraron los milicianos, asesinando a obispos, curas, religiosos y seglares, quemando iglesias y conventos, cometiendo sacrilegios, profanando las tumbas y sacando las momias de las monjas del convento de las Salesas de Barcelona para exponerlas al escarnio público, saqueos, torturas y demás, ¿por quién tenía que tomar parte la Iglesia? Y ¿aún debe pedir perdón? Bastante ha hecho y hace guardando piadoso silencio.

Para confirmar esta persecución estrictamente antirreligiosa, no hay más que leer la prensa de la zona que, con benevolencia, calificamos como «republicana». Páginas teñidas de odio a la fe cristiana, de ánimo persecutorio, incitando al lector, mediante mentiras y usando unos términos provocativos, procaces y soeces, a exterminar la institución, a sus ministros y a sus creyentes.

Hemos seleccionado de las hemerotecas algunos textos publicados desde julio de 1936 a julio de 1937.

La Traca (Valencia, 17-7-36). A la siguiente pregunta de encuesta: «¿Qué haría usted con la gente de sotana?, da el siguiente resultado: «Ahorcar a los frailes con las tripas de los curas».

Solidaridad Obrera (26-7-36). «No queda ninguna iglesia ni convento en pie, pero apenas han sido suprimidos de la circulación un dos por ciento de los curas y monjas. La hidra religiosa no ha muerto. Conviene tener esto en cuenta y no perderlo de vista para ulteriores objetivos».

La Vanguardia (2-8-36). Andrés Nin (POUM): «La clase obrera ha resuelto el problema de la Iglesia no dejando en pie ni una siquiera.»

La Vanguardia (8-8-36). Mitin del POUM. «Había muchos problemas en España que los republicanos burgueses no se habían preocupado de resolver. Uno de ellos era el de la Iglesia. Nosotros lo hemos resuelto totalmente yendo a la raíz: hemos suprimido los sacerdotes, las iglesias y el culto.»

Diario de Barcelona (Organo de ERC, 16-8-36). «No se trata de incendiar iglesias y de ejecutar a los eclesiásticos, sino de destruir a la Iglesia como institución social».

La Batalla (POUM, 19-8-36), «No se trata de incendiar iglesias y de ejecutar a los eclesiásticos, sino de destruir a la Iglesia como institución social».

Boletín Informativo de CNT-FAI «Para que la Revolución sea un hecho, hay que derribar los tres pilares de la reacción: la Iglesia, el capitalismo y el ejército. La Iglesia ya se ha llevado su parte. Los templos han sido pasto de las llamas; y de los cuervos eclesiásticos, que no han podido escapar, el pueblo ha dado cuenta de ellos.»

Una vez finalizada la Cruzada de Liberación con la victoria del Ejército nacional a las órdenes de Franco, se comprobó que habían sido sacrificados por las hordas marxistas trece obispos, unos siete mil sacerdotes y religiosos, y decenas de miles de seglares, asesinados por su condición de católicos. El carácter antirreligioso de la persecución es de los más claros en la historia de la Iglesia. Hubo una verdadera caza de sacerdotes, religiosos y seglares apostólicos sólo por serlo.

Terminada la guerra civil, la Iglesia española experimentó un sentimiento vivo de liberación. Libertad de predicación y de culto, que
habían sido interrumpidos en media España a sangre y fuego. Obtuvo la reconstrucción y la restauración de templos y conventos que habían sido quemados y destruidos por los rojos, así como subvenciones para la construcción de nuevos templos. No es de extrañar que la persona de Franco suscitase un sentimiento casi unánime de gratitud, admiración y confianza en el clero, religiosos, seminaristas, militantes apostólicos, y la mayoría de los practicantes.

Eduardo Palomar Baró

El GENOCIDIO RELIGIOSO DE LA SEGUNDA REPÚBLICA

El GENOCIDIO RELIGIOSO DE LA SEGUNDA REPÚBLICA

En 1960 Antonio Montero publicó el libro clásico Persecución religiosa en España (1936-1939), nunca reeditado. Allí, entre las páginas 769 y 883, se daba una lista de 6.622 religiosos asesinados en la zona republicana durante nuestra guerra civil de liberación nacional. Con posterioridad a esta obra, que utilizaba la entonces numerosa bibliografía disponible, han aparecido nuevas investigaciones sobre genocidios religiosos de carácter local o relativos a determinados institutos y órdenes. Actualmente la lista nominal de religiosos asesinados se eleva a 7.800 encabezados por trece obispos, alguno de ellos ya canonizado como el de Teruel. Otros también lo han sido colectivamente por Juan Pablo II que reabrió los procesos de mártires de la guerra de España, detenidos por decisión de Pablo VI durante su patético pontificado. Ultimamente, por maniobras de un cardenal vasco-francés han vuelto a interrumpirse los procesos de beatificación de mártires españoles.

Ahora, el historiador jesuíta Adro Xavier1 dedica un volumen a enumerar y evocar a 118 jesuítas, asesinados por las milicias republicanas. Cada caso va siendo descrito con sus anécdotas trágicas y, a la vez, ejemplares. Hombres que morían por su fe con valor heroico. Y el torvo rencor de sus asesinos, acompañado de odio a la religión.

La cifra de jesuítas mártires es relativamente muy numerosa puesto que la Compañía fue disuelta por la II República, y la mayoría de sus miembros tuvo que exiliarse a Europa y América. La matanza se efectuó, pues, sobre la minoría que, más o menos oculta, permaneció en España. De los 140 que se encontraban en Cataluña y Valencia fueron ejecutados 65, o sea, casi la mitad.

De todos los asesinados, la figura más eminente es la de Zacarías García Villada, autor de una importante Historia eclesiástica de España que quedó inconclusa por la muerte del autor y por la quema de su fichero y archivo por las turbas en mayo de 1931, ante la cómplice inacción de los poderes públicos republicanos. García Villada, que fue académico de la Historia, colaboró en la revista «Acción Española», que alentaba Ramiro de Maeztu, y publicó en 1936 su opúsculo El destino de España en la Historia universal, luego reeditado. García Villada, que vivía en Madrid, fue recogido y ocultado por un sobrino en unión de otro jesuíta, Juan Gómez Hellín. Los tres fueron descubiertos y asesinados el 1 de octubre de 1936, y abandonados sus cadáveres en el km. 3 de la carretera de Vicálvaro.

Las escenas descritas en el libro de Adro Xavier son sencillamiente terribles. Algunos religiosos pudieron salvar sus vidas bajo la protección de representaciones diplomáticas extranjeras. Otros, gracias a rocambolescas aventuras como la que narra el sacerdote Manuel Mindán en sus recientes memorias o evocan los biógrafos de Josemaría Escrivá de Balaguer quien, tras hacerse pasar por demente cuando lo detuvieron por segunda vez, logró pasar a Francia entre los riscos pirenaicos.

Así fue la II República que, ahora, se trata de presentar como un paraíso perdido por culpa de unos cuantos curas y militares. Pero ese presunto paraíso era un gulag que, si hubiera triunfado el Ejército Rojo, habría transformado España en una especie de Albania, y ahora seríamos como los albaneses, es decir, un pueblo en la miseria y en ruinas.


Angel Alcala

ENVENENAMIENTO DE LA MEMORIA HISTÓRICA

ENVENENAMIENTO DE LA MEMORIA HISTÓRICA

Por Pío Moa

Ya antes de la transición comenzaron las izquierdas a remover los osarios con una turbia propaganda, y desde entonces acá no han parado un momento. Esas falsificaciones permiten a quienes se sienten herederos de aquella izquierda pasar de acusados a acusadores.

La afición de las izquierdas por remover cadáveres y utilizarlos como armas arrojadizas tiene larga tradición. Desde finales del siglo XIX, cada vez que realizaban alguna acción violenta o atentado mortífero contra la vida y la convivencia de los demás, se las arreglaban para montar ingentes campañas de denuncia por la represión sufrida, en las que la mentira y la exageración han jugado siempre un papel clave. Durante la república, esa conducta fue el pan de cada día, pero después de la insurrección de octubre de 1934 adquirió un nivel realmente espectacular, y de unas consecuencias históricas decisivas que he examinado en El derrumbe de la II República .

Tal afición siniestra tiene su evidente racionalidad: es efectiva. Los relatos de muertes y torturas siempre conmueven y, si se insiste en ellas con suficiente terquedad y algarabía, hacen olvidar a la gente el origen y la realidad de los sucesos. La campaña sobre la represión de Asturias en 1934 permitió a las izquierdas, sublevadas contra un gobierno democrático y promotoras de la guerra civil, como consta en sus textos, pasar de acusadas a acusadoras, de la defensiva al ataque. Tuvo un enorme eco internacional, y dentro de España acabó de destruir el clima de convivencia nacional como no lo habían logrado todos los desmanes y las crisis anteriores. La campaña soldó una solidaridad izquierdista un tanto ficticia y plagada de quiebras internas, pero suficiente para permitir la victoria del Frente Popular en febrero de 1936. Una vez en el poder y alcanzados sus objetivos, los autores de la campaña evitaron cualquier debate parlamentario de los sucesos. No les interesaba una investigación que sólo podía poner de relieve la colosal impostura.

La experiencia debe servir de recordatorio para quienes prefieren la pasividad ante tales cosas, consolándose con el dicho de que la verdad termina abriéndose paso. No siempre sucede tal cosa, y a menudo cuando la verdad empieza a imponerse en la mente de la mayoría, es ya demasiado tarde para evitar el desastre.

Dentro de esa vieja tradición, andan ahora por ahí una serie de gentes dedicadas a desenterrar cadáveres de la guerra civil, agrupadas en la asociación “Recuperar la memoria histórica”, respaldada por partidos y políticos de la izquierda, y también de la derecha, y extraordinariamente jaleada en la prensa y demás medios de comunicación. Resulta natural que muchos deudos de los muertos quieran recuperar los restos, pero eso es sólo el pretexto, la coartada humanitaria explotada sin escrúpulos para impulsar un cínica campaña política dedicada a resucitar los rencores y a inculcar en los jóvenes una visión falsa y venenosa del pasado. Que lo hagan en nombre de la reconciliación, es el colmo del cinismo. Admito que estas cosas me indignan sobremanera, pues cuentos así influyeron en mi juventud para llevarme a actos supuestamente justicieros.

Para que estos agitadores de cadáveres tuvieran algo de reconciliadores, deberían decir algo parecido a esto: “Vamos a desenterrar los restos de personas que cayeron en una contienda fratricida, en que ambos bandos cometieron atrocidades a causa de un clima de odios que no debemos permitir que se repita”. Incluso, si tuvieran un plus de honestidad, conveniente aunque ya no exigible, podrían añadir: “Aquel clima de odios fue creado deliberadamente por políticos y partidos mediante exageraciones e invenciones sobre la represión de un movimiento totalitario en octubre del 34, especialmente en Asturias”. Esto ya no es exigible, repito, aunque completaría la verdad; pero lo primero, sí.

Sin embargo, nada está más lejos de la intención de esos individuos, y nada los desenmascara mejor que sus argumentos: “Durante cuarenta años sólo fueron honrados los muertos de una de las partes, así que la justicia histórica exige que ahora honremos a los de la otra que, además, representaban la libertad y la democracia”. Es decir, se trata de una revancha, por lo demás basada en afirmaciones falsas casi en cada palabra. Dentro del franquismo hubo intentos, si bien tibios, de reconciliación, jamás existentes, salvo retóricamente, en las izquierdas, que aún hoy siguen en las mismas. Por los años 60 ya casi nadie hablaba de los muertos, salvo algunas alusiones lejanas o formulistas. La guerra parecía superada en la muy mayoritaria mentalidad popular.

Pero ya antes de la transición comenzaron las izquierdas a remover los osarios con una turbia propaganda, y desde entonces acá no han parado un momento. En un interesante artículo en la revista Claves de razón práctica , Santos Juliá (¡quién lo diría!) desenmascara este tipo de manejos y señala cómo en los últimos veinticinco años, por lo menos, la bibliografía, los artículos, las intervenciones en los medios, etc, acerca del exilio, de la represión —la efectuada por las derechas casi siempre, con olvido de la otra—, etc, alcanzan un volumen enorme. Ahora se emprende una nueva campaña, y, para darle mayor efectividad, la justifican con el embuste de que antes no se había hecho nada al respecto. Llevamos veinticinco años empapados de estas cosas, pero a muchos les parece insuficiente. ¿Y la absoluta falsificación de que el Frente Popular representaba la democracia y la libertad? Fueron sus partidos, totalitarios los principales de ellos, los grandes destructores de la convivencia en la república.

Esas falsificaciones permiten a quienes se sienten herederos de aquella izquierda pasar de acusados a acusadores. Lo ideal es que nadie pretendiera hoy día erigirse en juez del pasado, pero ya que estos señores lo hacen, debieran ser advertidos, con toda la energía posible, de que si alguien debiera sentarse en el banquillo son ellos. El otro día, en un programa de la COPE en torno a la inaudita declaración del Parlamento navarro sobre la represión franquista, fue entrevistado uno de los promotores de aquella basura, que habló de reconciliación y la necesidad de recordar las fechorías de la derecha y de, al menos, parte de la Iglesia. La desfachatez del sujeto, un dirigente de Izquierda Unida, es decir, del Partido Comunista o ligado a él, un partido totalitario antes y ahora, y autor de innumerables matanzas allí donde tuvo algún poder, era asombrosa, y no menos asombroso que nadie le pusiera en su lugar recordándole a quiénes representaba.

La campaña de los muertos forma parte de un intento de revisar la transición para volver a algo parecido a aquella república demencial, vertebrada —es un decir— por una Constitución impuesta por aplastante rodillo y sin la menor concesión a los sentimientos e intereses de la mitad de los españoles, Constitución que terminó asaltada y arruinada por los mismos que la habían elaborado. El conocimiento de la historia debiera servir para algo, y por ahora eso no parece ocurrir.

¿Cómo es posible, por ejemplo, que la derecha acepte tales estafas en las Cortes o en el Parlamento navarro o el catalán? ¿Han perdido todo el sentido de la historia y de la realidad actual? Las izquierdas ejercen sobre el PP el mismo chantaje que sobre la CEDA en la república. Entonces acusaban sin tregua a la derecha de fascista, y ahora de franquista, y siempre, de reaccionaria. Palabras vacuas pero que asustan a muchos espíritus timoratos o acomodaticios. Cambó hacía una buena descripción de Romanones: “Tenía más valor del que se le supone. Lo perdía totalmente, sin embargo, cuando lo tildaban de reaccionario. Entonces no podía resistir. Con tal de evitar ese dicterio, se convertía en un cobarde y cometía toda suerte de claudicaciones”. Lo mismo puede decirse de Alcalá-Zamora, a quien la vanidad de parecer “progresista” le convirtió en uno de los principales responsables de la guerra.

Muchos en las derechas esperan evitar el látigo de las izquierdas cediéndoles posiciones intelectuales y el juicio del pasado, y por no parecer “franquistas” llegan hasta a cagarse en las tumbas de sus propios padres. De nada les valdrá. Cuanto más claudiquen más silbará el látigo en torno a ellos. También en explotar esas flaquezas tienen las izquierdas larga tradición y experiencia.